El Gobierno bajará la previsión de crecimiento económico para 2018 si sigue la crisis en Cataluña

Las circunstancias en la comunidad catalana hacen que desde el Ejecutivo tengan que ser "más prudentes", ha afirmado, a pesar de que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, según ha explicado la vicepresidenta.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, donde Sáenz de Santamaría ha asegurado que las consecuencias ya se están dejando sentir en la comunidad catalana, con una "caída del 10% de las inversiones" y con "la caída dramática del turismo, con la pérdida de entre el 20% y el 30% de las reservas en Barcelona".

Además, la vicepresidenta del Ejecutivo ha alertado de una "recesión" en la comunidad catalana. "La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir en una desaceleración, incluso en recesión" a Cataluña, ha dicho, tras lo que ha insistido en la necesidad de que haya "estabilidad política" porque, al final, "la factura la pagan siempre ciudadanos, empresas y trabajadores".

El Gobierno nacional podría rebajar las previsiones para el próximo año de tal forma que coincidieran con las anunciadas esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien las elevó respecto las anteriores hasta el 2,5%, es decir, una décima por debajo de las expectativas actuales del equipo de Mariano Rajoy.

Sáez de Santamaría: "El Gobierno ha planteado una pregunta sencilla para acabar con un problema complejo"

"PREGUNTA SENCILLA" A PUIGDEMONT

Asimismo, Sáez de Santamaría ha declarado que "el Gobierno ha planteado una pregunta sencilla para acabar con un problema complejo", haciendo alusión al requerimiento enviado esta semana al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que este aclare si el pasado martes declaró o no la independencia de la comunidad catalana tras el Pleno del Parlament.

"(Puigdemont) simplemente tiene que decir si sí o si no ha declarado la independencia de Cataluña", ha insistido. "La decisión depende de él, ni de la CUP ni de la ANC. Tiene que pensar en los catalanes y su futuro", ha indicado además la vicepresidenta del Gobierno en el turno de preguntas de la rueda de prensa de este viernes.

Dependiendo de la respuesta del presidente de la Generalitat al requerimiento, el Ejecutivo central daría un paso más o no en la activación del artículo 155 de la Constitución, que nunca antes ha sido utilizado.

Eso sí, Soraya Sáenz de Santamaría no ha aclarado cuáles serían las medidas que adoptaría el Gobierno en caso de que el presidente catalán afirme que declaró la independencia. "No vamos a hablar de medidas ni situarnos en futuribles", ha respondido al ser preguntada al respecto. "Vamos paso a paso, estamos en el momento primero del requerimiento. Está en su mano evitar actuaciones posteriores", ha insistido Santamaría. "No voy a anticipar medidas que no tienen por qué adoptarse si Puigdemont vuelve al orden estatutario", ha dicho ante la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa.

La 'número dos' del Gobierno también ha afirmado que "las autoridades catalanas aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional". Además, ha rechazado una mediación por parte de una tercera parte, externa al Gobierno central y al catalán, para buscar una solución a la crisis. "Nuestros representantes están en el Congreso y el Senado. Esos son los mediadores, los representantes del pueblo español", ha declarado.

Además, Santamaría ha afirmado que "en el Congreso hay un diálogo" a "disposición" de Puigdemont, al que puede acceder siempre y cuando "cumpla la ley".

¿Y SI NO HA DECLARADO LA INDEPENDENCIA?

En el caso en que Puigdemont respondiera, previsiblemente este lunes, al requerimiento del Gobierno negando la declaración de independencia de Cataluña, "no se activa la segunda parte del requerimiento". "Entendemos que se abre a seguir la senda de la legalidad, y dentro de ella podrá hacer los planteamientos que estime oportunos", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, que ha insistido en que la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad que aprobó el Parlament para llevar a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre y para marcar la senda de la declaración de independencia "están suspendidas y son inaplicables".