- La Comisión Europea ha puesto algunos límites de control para no usar el roaming de otro país más barato
- El reglamento acota el "uso justo" de las tarifas sin recargos
Cuando uno prepara un viaje al extranjero, uno de los puntos importantes es el coste de navegar y hablar con el móvil. Eso es el roaming. Un servicio que permite usar el dispositivo en otro país. El usuario pagará el coste del tramo internacional. Una cantidad que suele ser elevada. La Comisión Europea quiere acabar con este servicio para que se pueda utilizar el móvil sin miedo a que llegue una factura kilométrica.
Pero Bruselas no lo está teniendo fácil. Este sobrecoste de las operadoras parece que tiene sus días contados, ya que dejará de estar en vigor el 15 de junio de 2017. El 12 de diciembre, los 28 dieron su visto bueno al reglamento en el que se establece un plan para que los residentes de la Unión Europea (UE) que se muevan por diferentes países tengan tarifas similares a las que disfrutan en su país. Es decir, utilicen la tarifa nacional.
La CE ha explicado que este periodo de observación mínimo es una garantía de que no habrá un escrutinio demasiado intrusivo
Hay que dejar claro que este acuerdo no es el roaming gratis, sino el ‘roaming like at home’, es decir, roaming como en casa. “El acuerdo adoptado en la UE supone un beneficio indiscutible para aquellos usuarios que hacen uso de este servicio”, aseguran desde la Asociación de Internautas. Hasta el fin del roaming, se permite el cobro a la tarifa nacional de 0,05 euros por minuto de llamada realizada; 0,0114 por llamada recibida; 0,02 euros por mensaje enviado y 0,05 euros por MB de datos (sin IVA).
El nuevo Reglamento también limita el uso de los servicios en itinerancia, tratando de evitar riesgos de abuso a través ‘roaming permanente’, es decir, que un usuario obtenga una tarjeta SIM en otro Estado Miembro, donde las tarifas nacionales son más favorables, para utilizarla permanentemente en su país de residencia. “De ahí que se promueva el uso racional permitiendo un coste adicional cuando se alcance el límite razonable”, apuntan desde la Asociación.
Esta medida tiene su importancia debido al gran movimiento turístico y laboral de los residentes de la Unión Europea. Según Eurostat, se calcula que los residentes (de 15 años o más) de la UE-28 realizaron 1.200 millones de viajes turísticos en 2014. En algunos Estados, como Luxemburgo, Bélgica, Malta y Eslovenia, más del 50% del total de viajes fueron con destino a países extranjeros, frente al 10 % o menos de los viajes efectuados por residentes de Rumanía, España y Portugal fuera de su país.
ACUERDO ENTRE OPERADORAS
Poner de acuerdo a las operadoras es, quizás, el punto más controvertido. En un primer momento, la Comisión Europea estableció una restricción de 90 días al año para utilizar el roaming, pero la eliminó. No obstante, las operadoras han recibido una compensación.
Para que el sistema funcione resulta inevitable que los operadores lleguen a acuerdos con los de otros países que posibiliten el uso recíproco de las redes. “Esta parte del mecanismo es fundamental”, apuntan desde la Asociación de Internautas. Se trata de acuerdos bilaterales que garantizan la prestación adecuada del servicio a usuarios y también la recuperación de costes a los operadores.
La Comisión Europea quiere acabar con este servicio para que se pueda utilizar el móvil sin miedo a que llegue una factura kilométrica
Sin embargo, para conseguir un sistema de precios como el que la nueva regulación establece, la Asociación explica que la Comisión Europea puede verse tentada a regular los precios mayoristas para los servicios en roaming, “provocando un desajuste entre los costes reales y lo que se pagan los operadores entre sí por utilizar sus respectivas redes”.
Por esto, consideran que adaptar las infraestructuras y el personal a una población que triplica la habitual de un municipio en ciertos momentos no es lo mismo que hacerlo en un lugar dónde la población permanece casi inalterable. “No es lo mismo tender la infraestructura en territorios con alta densidad de población y con una orografía más bien llana, que hacerlo en circunstancias opuestas”, comentan.
Ahora, los Veintiocho y la Eurocámara deben negociar también otras salvaguardas en relación con los precios máximos para mayoristas, un asunto que aún divide a las partes y cuyas negociaciones arrancan esta semana.
LOS LÍMITES DEL ACUERDO
En la propuesta adoptada este mes, se acota el “uso justo” de las tarifas sin recargos. Además, aclara las pruebas que las compañías podrán exigir a sus clientes para que demuestren un vínculo estable con el Estado miembro a cuyas tarifas se acoge. Esta medida se realiza por la ‘picaresca’ de que el usuario pueda utilizar una tarifa de otro país más barata.
De esta manera, el operador tendrá que haber detectado un uso irregular de su tarifa, por ejemplo porque su consumo es mayor en el extranjero que en su Estado de residencia, durante un periodo de al menos cuatro meses antes de iniciar el proceso contra un cliente por presunto "abuso".
Ante posibles críticas de ‘control abusivo’, la CE ha explicado que este periodo de observación mínimo es una garantía de que no habrá un escrutinio demasiado intrusivo de las actividades del usuario, ni peticiones de documentación.
Así, si la factura del cliente apunta que durante ese tiempo ha estado más en otro Estado miembro que en el propio o que ha consumido más datos durante sus viajes por la UE, entonces la empresa podría enviarle un "mensaje de alerta". Esta alerta dará un plazo de 14 días al usuario para justificar su situación de viaje o modificar sus pautas de consumo.
