El 'caos' de la plusvalía municipal amenaza a los ayuntamientos ante la pasividad del Gobierno

La sentencia del Constitucional se conoció en mayo de 2017, aunque todavía no se ha modificado la Ley de Haciendas Locales

Lo más normal es que los consistorios den la callada por respuesta, aunque hay otros que están teniendo la deferencia de contestar, pero para pedir comprensión al contribuyente y para rogarle paciencia ante el 'vacío legal' que existe actualmente. La sentencia del Constitucional contra el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) se conoció en mayo de 2017, aunque todavía no se ha modificado la Ley de Haciendas Locales, que es donde se especifica cómo cobrar la tasa y en qué casos. Esta tarea corresponde al Gobierno, pero su pasividad al respecto ha hecho saltar las alarmas y ha sumido en el desconcierto a los afectados.

Así lo explica Nuria Diez, abogada de Legálitas, que dice que la situación se puede definir con dos palabras: “caos total”. Según explica, el problema que hay en los ayuntamientos es “tremendo” y cada vez la incertidumbre es mayor porque los contribuyentes afectados por el cobro de este impuesto tras la sentencia del TC no saben qué hacer, si deben seguir adelante con la reclamación o esperar a que cambie la ley de una vez para que los gobiernos municipales empiecen a responder sus peticiones.

“Están desanimados y perdidos, porque no saben qué hacer. La modificación de la ley es inminente, pero el problema es que tanto los ayuntamientos como los contribuyentes se ven afectados por el vacío legal, que supone un total descontrol”, afirma Diez. La letrada recuerda que de momento los consistorios no tienen más remedio que seguir aplicando la ley en vigor, aunque el Constitucional declarase ilegal el cobro de la plusvalía en los casos en los que la venta de un inmueble se hiciese con pérdidas, porque el Gobierno, pese a su compromiso, aún no ha realizado los cambios necesarios para determinar, de acuerdo a la sentencia del alto tribunal, en qué casos se puede cobrar esta tasa y en cuáles no.

Hay que recordar que el Ejecutivo mantuvo una serie de reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y llegó con ella a un acuerdo para determinar la nueva fórmula de calculo de la plusvalía. Sin embargo, ha delegado la responsabilidad en el Grupo Popular del Congreso, y desde que éste presentase una Proposición de Ley para modificar la plusvalía el pasado mes de febrero (cuya base es el acuerdo alcanzado por Hacienda y los municipios), poco más se sabe. Sólo que esta medida está en tramitación en la Cámara baja. “No hay nada nuevo, seguimos esperando”, confirman a 'Bolsamanía' fuentes de la FEMP.

¿QUÉ CAMBIOS SE PROPONEN?

Entre otras cosas, el PP pide que se modifique la Ley de Haciendas Locales para dar una “rápida respuesta” al requerimiento del Tribunal Constitucional, de forma que el impuesto no se aplique en los casos en los que el vendedor “acredite que no ha obtenido un incremento de valor” al transmitir la vivienda. Aunque no será tan rápida, dado que la sentencia se conoció en mayo de 2017 y todavía no se han producido los cambios normativos necesarios.

Los ayuntamientos no tienen más remedio que seguir aplicando la ley en vigor, aunque el TC declarase ilegal el cobro de la plusvalía cuando hubiese pérdidas

Asimismo, los 'populares' proponen que, para mejorar técnicamente la determinación de la base imponible, se sustituyan los porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno, que es el método que se usa actualmente para determinar la base imponible del impuesto, por otro basado en unos “coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno”. Estos datos, dice el PP, “serán actualizados anualmente, mediante norma con rango legal -podrá hacerse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)-, teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario” y “los coeficientes de actualización de valores catastrales”.

Por último, se establece que los ayuntamientos podrán efectuar las correspondientes comprobaciones. Una vez aprobada esta Proposición de Ley, los cambios se aplicarán con carácter retroactivo a efectos de junio de 2017, es decir, poco después de conocerse la sentencia del Constitucional. Los ayuntamientos llevan meses reclamando que se cambie la normativa, ya que desde la decisión del alto tribunal son muchos los afectados que han decidido reclamar y no pagar, a la espera de que se resuelva la situación. Incluso aquellos a los que sí les corresponde abonar la plusvalía municipal, lo que está provocando una importante merma en los ingresos de los ayuntamientos, que en 2016 recabaron un total de 2.577 millones de euros con el cobro de esta tasa.

Una vez que se apruebe la nueva normativa, los gobiernos municipales tendrán que modificar sus ordenanzas fiscales en el plazo de cuatro meses. Hasta que todo eso llegue, lo mejor, según los expertos, es tener “paciencia”. Nuria Diez señala que muchos contribuyentes están en “situación de indefensión”, pero a pesar de ello cree que lo mejor que se puede hacer es “esperar” porque la solución está cerca. “Lo que yo recomiendo es esperar a que la ley se modifique”, sobre todo teniendo en cuenta que ha quedado claro que los ayuntamientos “no saben cómo actuar” porque la ley “no se ha tocado”, y que las reclamaciones no se van a resolver hasta que eso pase.