El agujero de las pensiones será de más de 17.000 millones cada año entre 2018 y 2022

El tiempo apremia. El problema de las pensiones no se solucionará solo. Mientras la reforma está enquistada en la Comisión del Pacto de Toledo, que tras siete meses de reuniones aún no ha sido capaz de emitir sus recomendaciones, los economistas amplían el agujero estimado de la Seguridad Social para los próximos años.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó este jueves el informe ‘Opinión sobre la determinación del Índice de Revalorización de las Pensiones de 2017’ que resulta demoledor sobre la sostenibilidad a corto y medio plazo de las pensiones. Además de pedir más transparencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, advierte de que considera “muy improbables” las estimaciones de ingresos que maneja el equipo de Fátima Báñez.

Y eso que el Gobierno, de por sí, contempla un agujero importante en el sistema público de pensiones, que copa en torno al 90% de los gastos que debe asumir la Seguridad Social. En concreto, el Ejecutivo prevé una necesidad financiera de 67.000 millones de euros entre 2018 y 2022 (ver cuadro), mientras que el Fondo de Reserva apenas cuenta ya con poco más de 11.500 millones de euros. Y aún bajará más. La extra de diciembre de los pensionistas dejará el fondo en poco más de 7.000 millones de euros.

AIReF ha recopilado estas cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, necesarias para el cálculo del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que creó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. La subida de las pensiones, así, ya no depende de la inflación. Es decir, con el retorno del repunte de los precios, los pensionistas pierden poder adquisitivo. Y seguirá ocurriendo al menos hasta 2022, ya que el IRP arroja resultados negativos, aunque la ley incorpora un tope mínimo del 0,25% con el que crecerán las pensiones cada uno de los próximos cinco años. Lo que implica un incremento total del 1,3% cuando el panel de expertos de Funcas prevé una inflación media del 2% sólo este año y del 1,5% el próximo.

Aun así, si se cumplen los pronósticos del Gobierno, éste deberá incorporar medidas en los presupuestos de los próximos cinco años para pagar las pensiones. “En el periodo de 2017 a 2022 los ingresos crecen un 4%, superior al 2,7% del crecimiento de los gastos, pero dicho diferencial positivo resulta insuficiente para compensar el diferencial negativo acumulado durante los años de crisis, por lo que el IRP de 2017 es del 0,25%”, señala el informe de la institución que preside José Luis Escrivá.

Pero la gravedad de la desviación entre ingresos y gastos será mayor si se cumplen las previsiones del supervisor de las cuentas públicas. AIReF prevé 13.382 millones menos de ingresos para la Seguridad Social que los cálculos del Ministerio, mientras que el desvío en gastos es de 6.585 millones de euros. Es decir, en total los economistas estiman necesidades de financiación de más de 87.000 millones de euros (ver cuadro), 20.000 millones por encima de los pronósticos de Báñez.

Para este año, el Gobierno suspendió los límites de utilización de la ‘hucha’ que contempla la Ley del Fondo de Reserva, y que supone el 3% anual del gasto en pensiones y en su gestión. Asimismo, incorporó un préstamo de 10.192 millones de euros por parte del Tesoro, que la Seguridad Social tendrá que devolver en un plazo de diez años desde 2018 sin intereses. Es decir, el coste de esta financiación recaerá en los Presupuestos.

El Ejecutivo ya negocia con el resto de grupos parlamentarios el proyecto de presupuestos de 2018, que por ley tendrá que presentar antes del 30 de septiembre en el Congreso. Uno de los desafíos es financiar las pensiones, ya que el Gobierno calcula que los ingresos de la Seguridad Social serán de 124.471 millones de euros, una cifra que se queda a más de 15.800 millones de euros de los 140.294 millones que espera como gastos. El déficit del sistema será mayor, según las proyecciones de AIReF, que apunta a 19.110 millones para el próximo año.

Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Economía deberán coordinar una respuesta para el próximo año. Y lo tendrán que hacer sin contar con la Comisión del Pacto de Toledo, que se ha venido reuniendo desde noviembre con la presencia de todos los grupos parlamentarios y ponencias de expertos para tratar de elaborar conclusiones comunes con las que desarrollar una reforma que, en cualquier caso, tendría que pasar por el Parlamento.

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Por ahora, nada. Y salvo novedad de última hora, no habrá ningún dictamen antes de la elaboración de los presupuestos. De hecho, con el retorno de Pedro Sánchez al frente del PSOE, los partidos están más lejos entre sí. El PP sigue enrocado en su reforma de 2013 y propone alivios para el sistema como la financiación mediante impuestos de las pensiones de viudedad y orfandad, mientras el grupo socialista aboga a volver a revalorizar las pensiones con el IPC y tirar de presupuestos para tapar el agujero. Ciudadanos propone mayor flexibilidad entre el trabajo y la pensión por jubilación, y Podemos se ha alejado de cualquier pacto al pedir pensiones más altas y la jubilación en los 61 años.

A largo plazo, los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo si no hay ninguna reforma o un cambio demográfico importante. Aunque es difícil saberlo, ya que la Seguridad Social aún incumple la ley de 2011 que le exige informar a los trabajadores sobre su futura pensión. En este sentido, la AIReF se ha mostrado dura con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y sus proyecciones migratorias: “Hacia fines de 2016, el INE preveía una inmigración neta de aproximadamente 13.000 personas. El dato observado ha sido de 89.000 personas”, sostienen estos economistas. No obstante, “para los actuarios es muy difícil predecir las dinámicas migratorias”, recuerda David Carrasco, director ejecutivo de Pensiones de BBVA.

La duda que queda a los economistas es si la menor suficiencia del sistema bastará para garantizar su sostenibilidad en en el futuro. Especialmente, ante la jubilación de la generación del ‘baby boom’ a partir de la próxima década. Para ello, la inflación jugará un papel crucial. Un estudio publicado por el Banco de España sitúa el gasto sobre el PIB de las pensiones en el 11,13% en 2050 con un IPC medio anual del 3%. Pero este desembolso se dispararía hasta el 13,67% con un crecimiento de los precios anualizado del 1%. Es decir, dependerá de la intensidad de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.