El 2017 de Guindos: crecimiento, competitividad y "caos" en la banca... ¿antes del BCE?

Este ha sido el caso de la normativa MiFID II y el reglamento MiFIR, que emanan de una directiva europea que el Gobierno debería haber transpuesto antes del 3 de junio, y que finalmente ha llegado sólo parcialmente a última hora del año. Este mismo viernes, el último Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para adaptar los requisitos de los centros de negociación de acciones, bonos y otros activos en torno a la transparencia, eficacia y estabilidad al mandato europeo. La medida entra en vigor el 3 de enero, cinco días después.

De hecho, no fue hasta el 1 de diciembre de 2017 cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros en adaptación de la Directiva europea conocida como MiFID II, en el que explica por fin cuáles serán las exigencias en la parte en la que los estados europeos pueden decidir con qué grado de dureza aplicaban una norma que busca proteger al cliente y, a la vez, darle más responsabilidad y transparencia en su toma de decisiones. Aunque aún no hay decreto ley para el conjunto de la transposición, sólo una redacción de mínimos que afecta a los brókeres y a las entidades que llevan a cabo operaciones de sus clientes.

Hasta el 1 de diciembre, el sector financiero no sabía a qué atenerse, ya que el Gobierno tiene la potestad de ser más o menos restrictivo en la venta de fondos en función de cómo limitara las retrocesiones. Esto es, la parte de la comisión de gestión de un fondo que se queda el vendedor sólo por haberlo distribuido. En España suponen más del 60% de los ingresos de la industria de fondos -o costes para el cliente-.

El último Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para adaptar los requisitos de los centros de negociación de acciones, bonos y otros activos

En octubre la industria llegó a dudar de que saliera adelante. “Estábamos muy avanzados en el proceso (primero borrador, después decreto ley y, finalmente, aprobación del Congreso), pero ahora se ha paralizado. Esto se juega a escala europea, con lo que España no se puede relajar, pero ahora mismo hay cierto caos en la industria”, aseguró el ejecutivo de una importante empresa del sector de la gestión de inversiones.

‘GUIÑO’ A LA BANCA

La norma es un compendio de exigencias muy heterogéneas entre sí. Una de ellas se refiere a la relación entre gestoras de fondos, asesores, vendedores y el cliente final. Las firmas que informan, asesoran y/o distribuyen productos deben declararse asesores independientes o no independientes. Los primeros no pueden cobrar retrocesiones. Es decir, tienen que cobrar a un cliente por asesorarle y demostrar que están haciendo un trabajo que genere valor añadido.

El modelo de asesor no independiente es por el que optará la mayor parte de los bancos, que para seguir cobrando retrocesiones deberán incluir en su oferta de fondos al menos uno de cada cuatro de terceras entidades. Es decir, si ofrecen cuatro fondos de bolsa europea, uno debe ser de una firma ajena al grupo. Una medida que se queda lejos de lo planteado en un borrador sometido a audiencia pública en agosto, en el que se intuía mucha mayor restricción. Un guiño a la banca que, aunque ha reclamado sin éxito que la mera existencia de la red de sucursales se considere un valor añadido apto para cobrar retrocesiones, afronta una normativa mucho más suave de lo que se esperaba meses antes. Asimismo, las entidades han conseguido poder proveer y validar los conocimientos que exige MiFID II para los trabajadores que informen o asesoren a los clientes.

La relación de Luis de Guindos con la banca es uno de sus puntos críticos. No en vano, fueron los dos 'decretos Guindos' de comienzos de 2012 los que presionaron tanto al sector que acabaron detonando la 'crisis de Bankia' en mayo y el rescate bancario en julio y julio. En septiembre de este año, el Banco de España (BdE) estimó que el Estado perderá en torno a 40.000 millones de las ayudas en inyección de capital, lo que equivale al 75% del rescate, aunque la cuantía variará en función de cómo se desarrolle la privatización de Bankia, controlada todavía en un 60% por el Fondo de Reestructuración y Reordenación Bancaria. Cinco meses antes, el BdE calculó en otro informe que el rescate a la banca engordó la deuda pública en 45.500 millones de euros, en un periodo en el que era más caro emitir bonos, obligaciones o letras que ahora.

Luis de Guindos y Jurado (Madrid, 1960) se hizo cargo de la cartera de Economía en 2011 sin estar afiliado al PP, aunque ya ocupó cargos públicos de secretario de Estado entre 2000 y 2004, bajo el paraguas del Ministerio de Economía de Rodrigo Rato. Entre medias fue un alto ejecutivo de la división europea de Lehman Brothers, el banco de inversión que con su quiebra en 2008 agravó la crisis financiera para dotarla de dimensiones históricas. De Guindos es uno de los ministros más conocidos por la gente según el CIS de octubre, con un 67,9% que asegura conocerlo, por detrás sólo de Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y del otro gran ministro económico, Cristóbal Montoro.

¿CANDIDATO AL BCE?

La nota que recibe Luis de Guindos, de 3,11, es la cuarta más alta en el equipo de Gobierno de Mariano Rajoy. Normalmente, es el ministro que trata los asuntos económicos con Bruselas, aunque lejos ha quedado la imagen simbólica de 2012 cuando Jean-Claude Juncker le cogió del cuello en tono distendido. Guindos puede presumir ahora de una economía que crece al 3% en términos reales -descontando la inflación-, que ha realizado los severos ajustes que pidió la Comisión Europea y que en 2018 abandonará el procedimiento de déficit excesivo si, como se espera, rebaja el desequilibrio presupuestario por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Este es el principal argumento del Gobierno para promocionar a Luis de Guindos, después de un periodo en el que España ha perdido peso en las instituciones internacionales. Aunque fracasó en su intento de suceder a Jerome Dijsselbloem al frente del Eurogrupo en 2015. Ahora, el objetivo es que haya un representante español en la cúpula del BCE, donde el último fue Manuel González-Páramo, que abandonó la institución que preside Mario Draghi en 2012.

El próximo mes de mayo expira el mandato como vicepresidente del portugués Vítor Constancio y es para este puesto para el que suena el ministro español. Eso sí, ninguno de los 19 miembros que ha tenido hasta la fecha el Comité Ejecutivo ha provenido directamente del mundo político. Por otro lado, cada vez suena con más fuerza en Fráncfort la posibilidad de que la sucesora de Constancio sea una mujer para que haya cierta paridad en el BCE, dado que se da por hecho que el sucesor de Draghi en 2019 será un hombre y alemán. Por ahora, Mariano Rajoy ha evitado confirmar que proponga a Luis de Guindos para el BCE, aunque el 15 de diciembre ratificó que España presentará una candidatura. Este viernes, además, el presidente del Ejecutivo descartó una remodelación inminente del Ejecutivo y rechazó hablar de crisis de Gobierno si se va De Guindos.

Pase lo que pase, Luis de Guindos es uno de los ministros que tiene más motivos para presumir en 2017 por la evolución de la economía, siempre y cuando se apunte únicamente a sus homólogos Fátima Báñez o Cristóbal Montoro al hablar de salarios o cuentas públicas. Todo parece indicar que la economía ha crecido en 2017 por tercer año consecutivo por encima del 3% en términos reales -teniendo en cuenta la inflación-. La gran amenaza para la prolongación de este ritmo es la crisis política catalana, de la que Luis de Guindos ha advertido con dureza en los últimos meses.

La generación de riqueza ha vuelto este año a los niveles precrisis, aunque con millón y medio menos de ocupados que antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Mientras que la economía defiende su competitividad exterior con récords continuos de exportaciones y un descenso en la deuda externa, que sigue aun así en niveles alarmantes por encima del 80% del PIB. Eso sí, la congelación de los salarios tiene mucho que ver en esto, lo que pone en duda el cambio de modelo económico del que se habla desde hace una década.