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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivoAlberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que los intentos de Uber por influir en la 'Ley Rider' española son de una "gravedad inmensa".

En declaraciones a la prensa en la clausura de unas jornadas organizadas por CCOO sobre la estrategia de cuidados, Díaz ha criticado que grandes multinacionales como Uber "se revuelvan" e intenten "socavar" la democracia.

Así ha reaccionado la vicepresidenta al ser preguntada por los documentos que ha filtrado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, fechados entre 2013 y 2017, en los que se revela que Uber logró abrirse paso en las principales ciudades de todo el mundo gracias a incumplimientos legales y a presiones sobre dirigentes políticos y de medios de comunicación.

En el caso concreto de España, los documentos señalan que Uber espió al sector del taxi y buscó usar a su favor las protestas que éste estaba llevando a cabo contra los VTC.

"Lo que hemos conocido acerca de Uber es de máxima gravedad, intentaron influir en una legislación que era de una gran importancia para nuestro país, intentaron llegar a todos los extremos", ha subrayado este lunes la vicepresidenta.

Díaz ha criticado que la empresa quisiera "condicionar" la 'Ley Rider' echando un "pulso" a un sector fundamental como el del taxi, al tiempo que ha recordado que la negociación de esta norma fue complicada, pues duró seis meses y con presiones de por medio.

"Las presiones que hemos sufrido en la Ley Rider fue de lo más fuerte que hemos tenido. Hago un llamamiento a que impere la democracia y que esto no vuelva a suceder", ha defendido la ministra, que ha insistido en la necesidad de actuar sobre "las grandes multinacionales" que intentar atacar la democracia.

Fuentes empresariales indicaron a Europa Press que la 'Ley Rider' se negoció durante 2020 y entró en vigor en agosto de 2021, mientras que los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación están fechados entre 2013 y 2017.

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