Economía/Laboral.- Extremadura aplaza la subida del 2% del sueldo de funcionarios para este año

La Junta de Extremadura ha anunciado este viernes a las organizaciones sindicales de función pública de la Comunidad Autónoma que no tiene previsto aplicar por el momento la subida del 2% del sueldo de funcionarios acordada a nivel nacional para este año.

Así se lo ha trasladado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la Mesa General de Negociación de la Administración, donde ha cifrado en unos 50 millones de euros la cantidad que supondría para las arcas autonómicas esta subida salarial.

Aunque esta subida del 2% está recogida en el II Acuerdo para la mejora del empleo público alcanzado entre el exministro de Hacienda y Función Publica, Cristóbal Montoro, y las principales organizaciones sindicales del sector CCOO, UGT y CSIF, la Junta de Extremadura ha explicado que de realizarla no cumpliría con los objetivos de déficit.

No obstante, el Gobierno extremeño y las organizaciones sindicales se han emplazado a reunirse la próxima semana para abordar esta cuestión de nuevo. Las organizaciones sindicales han afirmado que, si no se observa una rectificación por parte de la Junta, convocarán a los empleados públicos de la comunidad autónoma a reclamar sus derechos en la calle.

La reunión de este viernes se ha celebrado para explicar a los sindicatos la aplicación del decreto-ley de medidas urgentes por el que el salario de los empleados públicos subirá un 2% con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Un incremento salarial que la Junta "quiere asumir", pero que debe estar "sometido al cumplimiento de las condiciones de estabilidad", tal y como contempla el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.

Por este motivo, Blanco-Morales ha afirmado que "es necesario abordar ajustes en otras mejoras que tienen los empleados públicos de Extremadura para posibilitar que esa subida del 2% llegue a todos". También ha emplazado a los sindicatos al diálogo y la negociación para concretar a qué cuestiones podría afectar.

Al respecto, ha destacado el contexto actual de "incertidumbre" a nivel mundial y de "claro incumplimiento" de los objetivos de estabilidad por parte de la Administración autonómica, que prevé cerrar el 2019 con un déficit de en torno al 1% del PIB.

Así, ha ofrecido a los sindicatos que continúe la negociación, y en este sentido se ha mostrado confiada en que antes del próximo miércoles se puedan acercar posturas.

AMENAZAN CON SALIR A LA CALLE

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha mostrado la "gran preocupación" por la situación económica trasladada por la vicepresidenta a los sindicatos, en el sentido de que la desviación del déficit en 2019 "no va a permitir que los empleados públicos tengan aquello a lo que se comprometió la Junta en 2018".

Además, ha señalado que del panorama descrito por Blanco-Morales se desprende que si se aplica la subida salarial del 2%, se pone "en cuestión" otros acuerdos pendientes, como el desarrollo de la carrera profesional, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales o paralizar la reducción de las horas lectiva de los docentes.

"No puede ser que por una mala gestión de quienes están gobernando, los empleados públicos vuelvan a ser los paganinis de esta situación", ha remarcado Román, quien exige el cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, ha apuntado que si antes del próximo miércoles no hay una rectificación, "CSIF saldrá a la calle".

Una movilización que no descartan el resto de sindicatos. El portavoz del Área Pública de CCOO-Extremadura, Francisco Jiménez, ha calificado como un "jarro de agua fría" la reunión de este viernes, en tanto que los acuerdos suscritos con la Junta en 2018 que recogían la recuperación de derechos de los empleados públicos, están "condicionados" por la subida salarial del 2%.

De este modo, CCOO tiene "dudas" de que esta subida salarial pueda aplicarse dadas las "serias dificultades" planteadas para ello por parte de la Administración regional. "Nos han planteado una situación muy difícil que los empleados públicos no van a entender", ha dicho.

"Vara nos llamó para firmar un acuerdo en 2018", ha señalado Jiménez, quien ha añadido que ahora "no se va a cumplir" y además la subida salarial "está pendiendo de un hilo según la información que da la Junta". Así, para CCOO la subida salarial del 2% es "irrenunciable" y el acuerdo de 2018 "también se tiene que cumplir".

Por su parte, José Ignacio Luis Cansado, secretario de Acción Sindical de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Extremadura ha mostrado su "sorpresa" por encontrarse en lo que creía que sería una "reunión rutinaria" con el incumplimiento de los incrementos retributivos acordados.

En este sentido, ha reconocido que la Junta está dispuesta a aplicar la subida del 2% aprobada por el Gobierno pero "vinculándolo a la paralización o recortes de otras medidas como la carrera profesional o la jornada lectiva de 18 horas", encuadradas en los acuerdos entre la el Gobierno regional y los sindicatos en 2018.

Por tanto, ha emplazado su decisión a la reunión de la próxima semana, en la que ha advertido que si no hay acuerdo se "valorará la posibilidad de convocar movilizaciones", y en este caso, y en la medida de lo posible, apuesta por que se haga de forma conjunta con el resto de sindicatos que defienda esta posición.

DENUNCIA DE USAE

Por su parte, el portavoz de USAE (SGTEx, SAE y PIDE), Alfredo Aranda, ha anunciado que denunciará a la vicepresidenta por "prevaricación" por no permitir su participación en este órgano de negociación, que según ha apuntado se ha constituido con los resultados de las elecciones sindicales de 2014 y no con los de 2018, cuando esta organización obtuvo el 22 por ciento de los votos emitidos.

Una presencia que está asimismo "avalada", según ha señalado Aranda, por dos informes de la propia Junta de Extremadura de los cuáles la vicepresidenta es conocedora, por lo que al no permitirles la participación en la Mesa está incurriendo en una "presunta prevaricación".

Al respecto, la propia Blanco-Morales ha señalado que esta cuestión se encuentra ya en los tribunales y que en tanto se resuelve "lo que hubiera sido contrario a derecho en estos momentos hubiera sido darles cabida en una representación que está cuestionada".