MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado este martes el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducir salarios, pero ha reclamado ir más allá y rebajarla a 35 horas.
El sindicato recuerda que, en las administraciones públicas, la implantación de las 35 horas semanales quedó recogida en los acuerdos de 2018 y en el compromiso alcanzado por el Gobierno en 2022 por una Administración para el Siglo XXI y que aún está pendiente de desarrollar.
Así, CSIF demanda que esta reducción de jornada se incorpore al ordenamiento a través de una Ley Básica (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), junto a otras cuestiones como la carrera profesional; la adecuación de los grupos profesionales; la mejora en las condiciones de jubilación, y el desarrollo del teletrabajo en el conjunto de las administraciones públicas (AAPP).
A la espera de conocer con mayor precisión el contenido del acuerdo entre PSOE y Sumar, la organización que dirige Miguel Borra reclama una apuesta "decidida" para detener el "deterioro progresivo" que han sufrido los servicios públicos desde el inicio de la pandemia en todos los ámbitos, así como para mejorar las condiciones laborales del personal de las AAPP, implantando la jornada de 35 horas semanales y un nuevo acuerdo salarial.
"La actuación del Gobierno debe abordar reformas estructurales, diseñar unos presupuestos y la oferta de empleo público para el próximo año para reforzar plantillas por encima de las jubilaciones y eliminar, por tanto, la tasa de reposición", añade CSIF.
En este sentido, el sindicato ha denunciado que el plan presupuestario enviado a Bruselas por el Gobierno en funciones contempla una congelación del gasto en ámbitos fundamentales como la sanidad o la educación.
Además, CSIF pide compensar el esfuerzo de los empleados públicos con la negociación de un nuevo acuerdo salarial que evite pérdidas de poder adquisitivo al colectivo.
"Sólo en los dos últimos años (los empleados públicos) han perdido un 5,5% de poder de compra y un 20% desde 2010, cuando se produjo la primera bajada salarial", denuncia CSIF, que considera que el actual acuerdo salarial "ha quedado desfasado".