Creen que el aval del Constitucional a que las comunidades forales gestionen el IMV deja al Estado como un "mero legislador"
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social han advertido de que el reciente aval del Tribunal Constitucional a que País Vasco y Navarra gestionen el Ingreso Mínimo Vital (IMV) abre las puertas "de par en par" a que se puedan transferir a las autonomías la gestión del resto de prestaciones y del régimen económico de la Seguridad Social.
Tanto la asociación como el sindicato han trasladado, a través de un comunicado, su "profunda preocupación" por la decisión unánime del Constitucional para avalar por unanimidad que País Vasco y Navarra gestionen el IMV al considerar que ello no afecta a la "caja única" de la Seguridad Social.
Una decisión que sendos organismos respetan, pero que creen que abre la posibilidad a que las comunidades autónomas puedan gestionar el resto de prestaciones. Además, consideran que la decisión del Constitucional "reduce el papel del Estado prácticamente al de mero legislador".
Esto es por la referencia que el Tribunal hace a la caja única, que es la unidad del Sistema de Seguridad Social y su funcionamiento económico uniforme. En concreto, el Constitucional señala que dicha caja no se vería afectada por la íntegra transferencia de las competencias de gestión.
EL CONSTITUCIONAL "DESCONOCE" LA REALIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
"Dicha afirmación desconoce la auténtica realidad de la gestión de la Seguridad Social y contradice pronunciamientos anteriores del propio Tribunal Constitucional", denuncian los letrados e inspectores.
Y es que, en pronunciamientos anteriores el Constitucional indicaba que la competencia estatal en la materia, además de las potestades normativas, comprende las facultades ejecutivas relativas a la actividad económica de la Seguridad Social, a la percepción de sus ingresos y la realización de gastos y todas las facultades de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario.
En este escenario, los letrados de la Seguridad Social y los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han incidido en la necesidad de que el Estado mantenga la gestión de las prestaciones y del régimen económico de la Seguridad Social.
A renglón seguido, ha hecho un llamamiento a que los partidos políticos de ámbito nacional, organizaciones sindicales y empresariales, así como a las asociaciones en defensa de los beneficiarios de la Seguridad Social defiendan una gestión estatal del Régimen Público de Seguridad Social y "no sucumban a los cantos de sirena de un proceso desintegrador".