MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La proposición de ley para derogar el artículo del Código Penal que contempla penas de cárcel para las coacciones de los piquetes de huelga ha superado este jueves en el Congreso su votación de totalidad frente al intento del PP y de Vox para mantener estas penas, o incluso ampliarlas en el caso de los segundos.
Así, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP, el BNG, Compromís y Nueva Canarias han rechazado sendas enmiendas de totalidad.
En el caso de la enmienda de Vox, que buscaba elevar más las penas de cárcel para los piquetes, el PP se ha sumado al voto en contra y la propuesta sólo ha sido apoyada por los de Santiago Abascal.
La proposición de ley, admitida a trámite el pasado octubre, supera ahora su segunda votación ante el Pleno del Congreso y pasa a debatirse ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
PP, VOX Y Cs CREEN QUE LA DEROGACIÓN IMPLICARÁ IMPUNIDAD
En su defensa de la enmienda, el portavoz laboral de Vox, Juan José Aizcorbe, ha señalado que el delito de coacciones contempla penas de prisión más duras, por lo que ve justificado endurecer el castigo y ha alertado que la derogación va en contra de derechos como el del trabajo, la dignidad, la igualdad, la integridad moral o la libertad.
El PP ha justificado mantener este artículo amparándose en que "el derecho a la huelga no es ilimitado" y asegurando que a los trabajadores "no les preocupa el derecho a la huelga, sino al trabajo", según ha dicho su diputado Miguel Ángel Jerez.
Términos similares a los expresados por Pablo Cambronero, de Cs, que cree que la derogación supone "un ataque a la libertad de los ciudadanos", busca que en una huelga el Código Penal "no tenga nada que decir", y que en ella "impere la ley de la selva".
UN DERECHO FUNDAMENTAL FRENTE A OTRO GENÉRICO
"Argumentos peregrinos sin rigor jurídico ni político", a juicio de Andrea Fernández (PSOE), que ha señalado que el derecho a la huelga es un derecho fundamental y, por tanto, considera que "no es razonable que se equipare a un derecho genérico como es la libertad de ir a trabajar". Este artículo, ha apostillado "estuvo en desuso" hasta 2011 cuando se recurrió a él por la Fiscalía "con fines políticos para ahogar las protestas".
Unidas Podemos ha acusado a "los partidos mayordomos del poder económico" de querer "cargarse el derecho a la huelga" amparándose en la libertad cuando, ha dicho su diputado Alberto Rodríguez, "libre es quien se puede librar de abusos, tiene trabajo estable, con seguridad, salario decente y jornada descanso y tiempo libre de calidad". Por tanto, ha defendido, la huelga es "la herramienta" del trabajador "para defender su libertad".
Por EH-Bildu, Oskar Matute ha señalado que ni el derecho al trabajo se garantiza, pero tampoco se pena la amenaza del empresario --con el despido, peores turnos o acumulación de tareas-- sino que se justifica como flexibilidad. "Es paradigmático que el esquirolaje sea su ejemplo del derecho al trabajo y los huelguistas su amenaza, cuando están defendiendo el derecho al trabajo", ha reflexionado.
"LO ESTAMOS PETANDO"
Mikel Legarda, del PNV, ha pedido una "reflexión sosegada" y con la participación de expertos, para "encontrar una normativa penal adecuada", pues rechaza que la derogación implique impunidad, pero considera que la búsqueda para rebajar las penas "no es tan sencilla". Y es que, ha dicho, el delito general de coacciones contempla penas más graves.
"Bueno, bueno, bueno. Me dicen que lo estamos petando y que hay millones de españoles enganchados al debate", ha ironizado Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts, que ve poco eficaz la derogación, ante la existencia ya de un delito genérico de coacciones, pero que ve aún más estéril la propuesta del PP, que conserva con exactitud el redactado vigente. Una "magistral lección de técnica parlamentaria", ha apostillado, burlón, que ilustra, a su juicio, su "eterno viaje al centro para seguir en la derecha".