MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
CCOO y UGT han informado este jueves de que han presentado 250 modificaciones al texto inicial del anteproyecto de Ley de Función Pública, y aseguran de que han logrado "avances significativos" en las cuatro reuniones con han mantenido con el Gobierno.
Tras conocerse el texto, a finales de diciembre, ambos sindicatos coincidieron en que parecía más un manual de recursos humanos que una normativa, pero tras las primeras negociaciones con el Ejecutivo y las propuestas sindicales conjuntas, creen que se está "ayudando a equilibrar el anteproyecto de Ley".
La secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, ha precisado que de esas 250 modificaciones del texto inicial, 19 se corresponden con la exposición de motivos, 223 se refieren a la totalidad de los artículos y otras ocho a las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Fernández ha señalado que estas modificaciones deben tratarse dentro de un "debate sosegado en el marco del diálogo social". "Creemos que es indispensable que haya una apuesta real y un compromiso por la modernización de la Administración General del Estado (AGE). Este proyecto es uno de los más importantes que afectará al personal de la AGE y a la sociedad. Son los trabajadores de la AGE las personas que implementan y aplican las principales políticas sociales", ha expuesto la representante de CCOO en esta rueda de prensa.
El secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha valorado que esas primeras modificaciones garanticen "con mucha claridad" la negociación colectiva. "Esto da un valor de transparencia a la ley que no tenía antes y una garantía para los empleados públicos", ha comentado Álvarez.
También ha comentado que se ha introducido un capítulo de derechos y deberes, donde se recogen garantías como la inamovilidad en la condición de empleado público, y los avances en la carrera profesional e igualdad, entre otras materias, y se ha contemplado la jornada a tiempo parcial como base para la implementación de la jubilación parcial.
COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO
Uno de los puntos más cuestionados tras la presentación del anteproyecto de ley fue que los funcionarios pudieran ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan la evaluación obligatoria por desempeño.
Fernández y Álvarez ya criticaron en su día que era una cuestión subjetiva, y han incidido este jueves en la necesidad de crear una comisión de valoración del desempeño para garantizar un "sistema objetivo y transparente".
"Hemos exigido, y es fundamental, la creación de una comisión de valoración del desempeño, con participación sindical en dicha comisión", ha apuntado Fernández, una reivindicación en la que también coincide Álvarez.
A la espera de conseguir la presencia sindical en esa comisión, los sindicatos valoran que se haya eliminado parte del carácter limitador de la evaluación por desempeño y se haya sustituido por un enfoque que valore los resultados positivos.
CCOO y UGT consideran que este cambio dirige los esfuerzos del personal al cumplimiento de objetivos, y no al miedo a la sanción, por lo que se refuerza su función de cara a los derechos de la ciudadanía.
En cuanto al complemento de evaluación, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO ha explicado que existe una horquilla "demasiado amplia para seguir manteniéndola", que va de los 0 euros a los 50.000 euros.
CCOO y UGT seguirán negociando la planificación de la oferta de empleo público, la mejora de las condiciones de trabajo, la jornada máxima de 35 horas en la AGE o la recuperación de las pagas extraordinarias completas.
Entre los aspectos pendientes en la negociación quedan los derechos en la movilidad, el desarrollo del grupo profesional B, la garantía retributiva, la extensión a la totalidad del personal, la eliminación de la discrecionalidad en la adjudicación de puestos, la reconvocatoria de puestos vacantes en las ofertas de empleo público o la supresión de la movilidad forzosa.
Además, ambos sindicatos confían en que el Gobierno haga "una apuesta real" por la Administración del Siglo XXI y avance en la modernización de la AGE "de manera previa a la publicación de la ley".