MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo volverán a la huelga este miércoles, 22 de febrero, en la que será su tercera convocatoria de paro absoluto para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en julio de 2021, en los que el Ejecutivo se comprometió a reforzar e incrementar la plantilla del organismo.
La Inspección de Trabajo convocó la primera huelga de su historia el pasado 21 de diciembre, seguida de otra en enero, y ahora llama a los trabajadores a una tercera jornada con la que los sindicatos agotan la primera fase de movilización.
CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess advirtieron el miércoles, en una rueda de prensa, de que, tras la huelga del 22 de febrero, "endurecerán" e "intensificarán" sus protestas, con huelgas parciales continuas y no sólo de un día al mes.
Además, los representantes sindicales tampoco descartaron una huelga de carácter indefinido si el Gobierno no cumple con el acuerdo de julio de 2021.
Las protestas sindicales no quedarán solo en huelgas y paros, ya que los sindicatos tienen "casi ultimada" una denuncia contra el Gobierno español que prevén presentar ante las autoridades de la Unión Europea por incumplir dicho acuerdo y "vulnerar" la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva.
SIN AVANCES PESE A LAS PROTESTAS
Los sindicatos denuncian que después de tres meses de movilizaciones, con tres jornadas de huelga y diversas concentraciones, "no se ha producido" desde el Gobierno "ni un solo gesto para engrasar la interlocución".
Las organizaciones sindicales han argumentado que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
Las centrales sindicales advierten de que la Inspección está funcionando por voluntad de sus trabajadores, porque realmente "está en colapso", con jornadas laborales "insoportables", que requieren trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos, y todo ello "a costa de la salud y seguridad" de su plantilla.
Ésta está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
Los representantes sindicales afean a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apele al diálogo social de puertas para afuera y no lo ejerza con sus propios trabajadores, así como que esté trasladando desde su Ministerio que la solución a este conflicto está en manos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En este sentido, le han recordado a Díaz que es vicepresidenta del Gobierno y que debe hacer valer su posición frente a otros miembros del Ejecutivo. "El eslogan del diálogo social de la ministra no se cumple en su propio Ministerio", han criticado.
Los sindicatos de la Inspección "intuyen" que el acuerdo que firmaron en julio de 2021 con el Ejecutivo, pese a haber sido firmado por el Gobierno, esté siendo modificado para no cumplirse en los términos que se pactaron pese a ser un "acuerdo de mínimos", en el que "se dejaron muchos pelos en la gatera" en aras del consenso.
En este punto, sospechan que el Gobierno puede estar "vulnerando" la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva al cambiar el acuerdo que se firmó en su día sin renegociarlo con los sindicatos.