MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve margen para mejorar la calidad institucional en España, para contribuir a generar crecimiento a medio y largo plazo, a través de una Administración con políticas "bien diseñadas", el impulso de instituciones independientes eficientes y una mejor organización territorial del Estado, ante las "deficiencias" en la descentralización del gasto.
Así lo ha señalado el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, durante una conferencia sobre calidad institucional en la cátedra 'La Caixa Economía y Sociedad', en la que ha resaltado la importancia de impulsar la calidad del marco institucional como "garante del bienestar y la calidad institucional", al conllevar transparencia, legitimidad democrática y contribuir a generar crecimiento a medio y largo plazo.
Escrivá ha explicado que el modelo de Estado democrático moderno se fundamenta en un círculo virtuoso formado por la calidad democrática, la calidad institucional y el bienestar, y ha señalado que España se encuentra en la UE en una posición intermedia en estos tres pilares, aunque algo más lejos de la media en calidad institucional. En concreto, la confianza en las instituciones está en la media europea, pero la confianza en los poderes democráticos está por debajo.
En este contexto, Ecrivá ha citado como palancas institucionales para reforzar ese "círculo virtuoso" el desarrollo de una Administración con políticas "bien diseñadas" y evaluación continua de resultados, el impulso de instituciones independientes "eficientes y bien diseñadas", y una mejor organización territorial del Estado.
Para contar con políticas bien diseñadas, ve necesario reforzar la evaluación ex ante y elevar la calidad normativa, así como una evaluación ex post que permita un análisis continuo de los resultados, con "una delimitación clara de la línea divisoria entre el nivel técnico y político", mejora del capital humano público, remunerando mejor el rendimiento, formas de gestión más flexibles y más transparencia y rendición de cuentas.
Según Escrivá, en España existen o han existido instituciones públicas con distintos grados de independencia con responsabilidades directas en materia de evaluación de la eficacia y eficiencia, pero con ciertas limitaciones, como el desenfoque en la evaluación, la falta de una cultura basada en la evidencia, deficiencias en la metodología de la evaluación, un seguimiento inadecuado y una política "débil" de comunicación y una "gran desvinculación" del ciclo presupuestario.
Como consecuencia, ha añadido, las políticas se introducen y adoptan sin una definición clara de sus objetivos y sin análisis de los riesgos para alcanzarlos, lo que "limita la posibilidad de contrastar la eficacia de las políticas y su racionalidad".
Por ello, ha apostado por poner en marcha "pequeños cambios", como que los registros administrativos se diseñen y mantengan de manera que sean útiles para la evaluación tanto de la propia administración como por terceros; promover que la administración asimile las técnicas de evaluación; permitir estructuras más flexibles de gestión que aglutinen las especializaciones que toda evaluación exige; dar publicidad inmediata a las evaluaciones; someter estas evaluaciones al principio de cumplir o explicar y exigir solvencia técnica en las evaluaciones y someterla a control externo.
"DEFICIENCIAS" EN LA DESCENTRALIZACIÓN
Sobre la organización territorial del Estado, el presidente de la AIReF ha indicado que la descentralización del gasto "no está reñida con la eficiencia económica", dado que el grupo de países con mejor desempeño parece coincidir con los más descentralizados, si bien ha matizado que, aunque España está entre los países más descentralizados por el lado del gasto, su desempeño económico es inferior y ha convergido "más lentamente" que los países más descentralizados.
A su juicio, eso se debe a la existencia de "deficiencias" en su marco de descentralización, como "una distribución competencial difusa con normas poco precisas para una misma competencia", un diseño institucional y proceso de toma de decisiones que "no está orientado al consenso ni a la cooperación" y un marco de disciplina fiscal que "dificulta el cumplimiento de las reglas fiscales".
En este sentido, ha abogado por una reforma integral que mejore la articulación entre los distintos niveles de la Administración, con un marco competencial "preciso y detallado", instituciones y procesos de toma de decisiones que alineen incentivos hacia cooperación, consenso y corresponsabilidad que complemente el autogobierno con el gobierno compartido, un marco de disciplina presupuestaria y de reglas fiscales, el diseño adecuado de los sistemas de financiación y conferencias sectoriales que verdaderamente actúen como una red de órganos especializados.