MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha apostado este miércoles en el Congreso por "estrechar lazos con los jueces" y desarrollar con ellos "proyectos específicos de colaboración de mutuo enriquecimiento".
Y es que en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Fernández ha asegurado que el organismo que dirige comparte con los jueces "una conexión en la defensa de la competencia". "Existe margen para el desarrollo de proyectos específicos de colaboración de mutuo enriquecimiento", ha dicho.
Según los datos de la fiscalización realizada recientemente por el Tribunal de Cuentas de los organismos supervisores, el organismo dirigido por Fernández acumula un importe en sanciones recurridas judicialmente pendiente de resolución que supera los 1.287,7 millones de euros.
Durante su comparecencia en la Cámara Baja, a la que ha acudido para presentar las líneas maestras del plan estratégico del organismo durante los próximos seis años y su plan de actuaciones, Fernández ha asegurado que aspira a "consolidar una sólida cultura de la competencia" en el país.
También ha reivindicado, y ha solicitado la "ayuda" de los parlamentarios para poder adaptar la estructura de la CNMC y alcanzar una "autonomía real" a nivel presupuestario, laboral y organizativo.
Entre otros aspectos, ha pedido disponer de autonomía para las contrataciones, la promoción de personal y la retención del mismo, en ámbitos como la llegada de perfiles adecuados en el desempeño de las labores de esta entidad, como pueden ser 'data scientists', matemáticos, físicos o sociólogos.
Fernández también ha dado cuenta de la actividad desarrollada durante este año, específicamente en lo concerniente a la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, pero también ha querido destacar la importancia de este organismo y los efectos de su trabajo.
ESIMA AHORROS DE MÁS DE MIL MILLONES EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Así, ha asegurado que únicamente en el ámbito de competencia en 2019 ha propiciado un ahorro de 1.000 millones de euros por la desarticulación de cárteles y desmantelamiento de acuerdos "colusorios", y también ha cifrado efectos en los precios del mercado.
En las telecomunicaciones ha asegurado que su regulación ha promovido un descenso medio de los precios minoristas de más del 85%, y en el energético estima un ahorro anual de entre 500 y 700 milllones con la nueva metodología de peajes, además de 550 millones por la discriminación horaria o 120 millones de ahorro derivados de la detección de comportamientos no competitivos en el mercado mayorista.