MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno que incluya a los municipios de Andalucía, Cataluña, Baleares y Aragón afectados por la DANA entre los beneficiarios del primer paquete de medidas urgentes puesto en marcha por valor de 10.600 millones de euros, según ha informado en un comunicado.
En concreto, esta será una de las reivindicaciones que la presidenta y el secretario general de la asociación, Olga Ruiz y Rubén Sánchez, respectivamente, van a trasladar al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la reunión que van a mantener este miércoles.
No obstante, la asociación ha valorado positivamente dicho paquete de medidas, que recoge la mayoría de las reivindicaciones trasladadas al presidente del Gobierno y al ministro de Consumo, pero al mismo tiempo considera que hay puntos que requieren mejoras para ser más "garantistas con los derechos de los consumidores y evitar interpretaciones interesadas por parte de las empresas".
NO DEJAR NINGÚN TERRITORIO ATRÁS
En este sentido, Facua ha señalado que en el paquete de medidas aprobado este pasado martes aparece un anexo con el listado de las 78 localidades que se podrán beneficiar de estas ayudas, siendo todas ellas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, lo que, a vistas de la organización, es insuficiente, ya que en Andalucía, Cataluña, Baleares y Aragón hay familias que también "han perdido viviendas y vehículos, así como instalaciones e infraestructuras que han quedado muy dañadas a consecuencia del temporal".
Por ello, la asociación ha pedido al Gobierno que no "deje a ningún territorio atrás y que amplíe la lista" de los municipios que se podrán acoger a su paquete de ayudas y medidas excepcionales para hogares, empresas y ayuntamientos. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, hay ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de Seguridad Social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.
Facua también ha pedido la paralización del pago de préstamos e hipotecas por parte de las personas afectadas durante un año, plazo que el Gobierno ha limitado a tres meses y otros nueve con el abono solo de los intereses.
La asociación considera que a estas medidas debería sumársele que los inquilinos de viviendas de alquiler que no sean habitables puedan desistir o suspender el contrato durante el tiempo que duren las obras de rehabilitación, así como prohibir a los arrendadores que puedan subir el precio de los alquileres como consecuencia de dichas obras o limpieza de la vivienda.