La ayuda llegó a 1,5 millones de autónomos, que recibieron de media 2.513 euros y se ahorraron 1.007 euros en cotizaciones sociales
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas presentará este martes al Congreso y al Senado un informe en el que afirma haber detectado que un total de 281.000 autónomos recibieron 505,5 millones de euros en ayudas por el cese de actividad en la pandemia sin cumplir los requisitos legalmente exigidos o sin estar su actividad económica suspendida por la emergencia sanitaria.
En concreto, presentará en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Es en ese documento donde la institución fiscalizadora detecta algunos incumplimientos de los requisitos legalmente exigidos a los trabajadores por cuenta propia. Estar dado de alta en la Seguridad Social o al corriente del pago de las cuotas eran algunos de los requisitos que, al menos, 125.000 autónomos no cumplían y que recibieron 119,5 millones de euros.
A su vez, unos 156.000 autónomos recibieron 386 millones por cesar una actividad que, sin embargo, no estaba suspendida por la pandemia en el listado de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), afirma el organismo.
La Seguridad Social emprendió en septiembre de 2023 un proceso de revisión de las ayudas concedidas en pandemia a los trabajadores autónomos, proceso que aún sigue desarrollándose, para comprobar que cumplían los requisitos exigidos, pues estas prestaciones extraordinarias se concedieron en su momento con carácter provisional.
MEDIDA EFICAZ, PERO CON DEFICIENCIAS
El Tribunal de Cuentas afirma que los incumplimientos e incidencias relacionadas con el procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas afectarían a 69.269 beneficiarios por un importe total de 41,6 millones de euros.
En su informe, el Tribunal de Cuentas indica que la prestación por cese de actividad, que conllevaba tanto un prestación como la exoneración de las cotizaciones sociales, fue "eficaz" para mantener el empleo de los trabajadores autónomos, pero también advertía de que la gestión de las ayudas había sido "ineficiente" a tenor de "incidencias e incumplimientos" detectados.
El organismo apostilla que la regulación de la prestación fue "insuficiente" en su origen y fueron necesarias hasta siete modificaciones entre 2020 y 2023. Esto, asegura el Tribunal, provocó "inseguridad jurídica, desigualdad de trato entre los beneficiarios, y favoreció que surgieran disfunciones e ineficiencias en la gestión".
Otro de los apuntes que deja el informe es que de la prestación extraordinaria se beneficiaron en junio de 2020 casi 1,5 millones de trabajadores autónomos, el 44% de los afiliados. La prestación media abonada durante el periodo de vigencia se situó en 2.513 euros, mientras el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones sociales ascendió a 1.007 euros.
El gasto neto reconocido se elevó, al menos, a 3.741 millones de euros derivados del pago de esta prestación, a lo que se suman 1.495 millones de euros como consecuencia de las exoneraciones en las cotizaciones.
LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS VA TARDE
El informe subrayaba que el 94% de las solicitudes de prestaciones tramitadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social fueron resueltas favorablemente en 2020 de manera provisional, posponiendo la verificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios a la finalización del estado de alarma.
Sin embargo, se queja de que esta revisión se pospuso hasta 2023 con el riesgo, incluso, de que pudieran verse afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años establecido para las prestaciones indebidamente percibidas en el ámbito de la Seguridad Social. "Lo que podría, en última instancia, causar un perjuicio económico a la Seguridad Social", agregaba el Tribunal.
En cuanto al procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas, la institución constata que existían "discrepancias e ineficiencias" en las distintas fuentes de información del Sistema de Seguridad Social.
Con este panorama, el Tribunal recomendaba que se iniciase el procedimiento de revisión de las resoluciones provisionales adoptadas y que, cuando corresponda, se procediera al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. La institución apuntaba, eso sí, que estas revisiones ya se han iniciado.