BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas Europeo ha apuntado este lunes que las listas negras no se utilizan de forma eficaz para impedir el pago de fondos de la UE a particulares, empresas u organizaciones públicas implicados en actos ilegales como fraude o corrupción, por lo que la protección del presupuesto es desigual entre Estados miembro.
"Las listas negras pueden ayudar a evitar que los fondos de la UE caigan en malas manos, pero no se utilizan con eficacia", ha señalado el miembro del tribunal encargada de la auditoria, Helga Berger, que ha no se usan los datos pertinentes para confeccionar la lista de la UE.
En su análisis el Tribunal de Cuentas ha concluido que el motivo por el que la Comisión Europea ha incluido muy pocos nombres en las listas negras es que hay insuficiencias en los mecanismos de identificación de quienes deben quedar excluidos de optar a financiación europea.
Además, el Ejecutivo comunitario se encuentra con dificultades jurídicas y técnicas a la hora de acceder a los datos de los Estados miembro, como registros mercantiles o de antecedentes penales que no existen a nivel europeo.
Concretamente, el análisis evidencia que los Estados miembro ejecutan la mayoría del gasto de la Unión Europea pero no están obligados a establecer sistemas de listas negras como tal, por lo que aplican diferentes criterios para proteger los intereses financieros comunitarios, lo que resulta en que la protección del presupuesto es desigual en los Estados miembro.
A juicio del Tribunal de Cuentas, la Comisión confía "demasiado en la palabra de quienes solicitan subvenciones u ofrecen servicios y aclara que "si declaran que nos encuentran en situación de exclusión, simplemente lo acepta sin verificarlo".
El estudio revela que las obligaciones jurídicas sobre exclusión que actualmente se aplican no constituyen "una base eficaz para proteger el presupuesto de la UE mediante exclusiones".
Como parte de sus recomendaciones, los auditores incluyen ampliar el uso del Sistema de Exclusión y Detección Precoz a los fondos gestionados por los Estados miembro y ampliar la gama de los actores excluibles, con la inclusión de filiales y titulares reales así como hacer un mejor uso de los datos y las herramientas digitales.