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El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de octubre de 2024, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pide prolongar la suspensión del decreto 933/2021, que ha sido bautizado como 'Gran Hermano Turístico' por establecer nuevas obligaciones de registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Aunque el decreto emanado del Ministerio de Interior data de 2021, este ha sufrido varios aplazamientos y está previsto que entre en vigor el próximo 2 de diciembre. El término de 'Gran Hermano' se debe a que el texto, en algunos casos, obliga al hotel en cuestión a recabar información sensible del turista como su grado de parentesco o su código IBAN bancario.

El Grupo Popular señala en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que la aprobación y posible entrada en vigor del texto "supone graves inconvenientes" para la industria turística y, tal como está redactado ahora, su cumplimiento es "inviable" y supone una "gran desventaja competitiva" para el turismo español.

Por eso, exige revisarlo y readecuarlo junto a los subsectores turísticos más afectados por la normativa, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas.

QUE SE EXCLUYA DEL DECRETO A LOS VIAJES CORPORATIVOS

En este sentido, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo plantea que del decreto queden excluidos los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento "resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector".

Asimismo, el PP insta al Gobierno a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como Cehat, CEAV, Acave, Fetave, UNAV o Feneval, para consensuar el desarrollo normativo mediante una orden ministerial y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector.

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