MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El responsable de CSIF en la Inspección de Trabajo, Miguel Ángel Montero, ha advertido este miércoles, durante la huelga del organismo, de que las protestas y movilizaciones se mantendrán "hasta que el Ministerio de Trabajo y Economía Social reaccione".
CSIF, UGT, CCOO, CIG, Sitss, Sislass, UPIT y Usess han celebrado este miércoles su tercer jornada de huelga, después de la de diciembre y enero, para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado el 7 de julio de 2021 para reforzar la Inspección de Trabajo con más medios y personal.
"Nos vemos obligados a acudir de nuevo a la huelga ante la falta de interés de la ministra (de Trabajo, Yolanda Díaz) en solucionar los problemas de la Inspección de Trabajo", ha comentado Montero, que ha informado, también, de que "apenas han ido inspectores o subinspectores a sus puestos de trabajo" este miércoles.
El representante de CSIF ha insistido en que "la plantilla está agotada", con una acumulación de trabajo y con medios insuficientes para el cumplimiento de sus labores, a las que se suman ahora la adaptación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el cumplimiento de la le en materia de igualdad salarial.
Las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales del organismo argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
Montero ha recordado que, junto con las protestas, los sindicatos están ultimando una denuncia contra el Gobierno de España ante los tribunales europeos por incumplir el acuerdo y vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva.
Pese a sus criticas al Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo en particular, CSIF sigue confiando en el Gobierno y espera una convocatoria para negociar después de esta jornada de protesta.
La Inspección de Trabajo está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas, según los sindicatos.