MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito en la que cuestiona al Gobierno en funciones sobre la pérdida de 9.000 millones de euros de los contribuyentes en la declaración de la renta al no aplicar por error o desconocimiento deducciones que por derecho les pertenecen.
En concreto, los diputados del grupo parlamentario Ciudadanos Vicente Ten y Francisco de la Torre cuestionan al Ejecutivo sobre qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno en funciones para trasladar al borrador de la declaración todos aquellos datos económicos que son conocidos por la AEAT y que pueden dar lugar a la aplicación de deducciones, con el fin de que los contribuyentes no pierdan el derecho a las mismas.
En su exposición de motivos, Cs señala que los expertos fiscales calculan que cada año los españoles dejaron por reclamar más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas, muchas de ellas autonómicas.
En el desglose, cita las 445.000 madres que no se han aplicado la deducción de maternidad, con 402 millones no reclamados; los cuatro millones de personas que no se han reducido por donaciones, con otros 354 millones, y las 564.000 personas que no se deducen la amortización de vivienda habitual, que suponen casi 940 millones no aplicados.
Además, apunta que existen 13 millones de españoles que no declaran sus aportaciones a sistemas de previsión social, lo que supone casi 3.500 millones; así como 326.000 personas con colegiación obligatoria que no se deducen 75 millones y se estima que hay ocho millones de personas que no declaran por rentas bajas y podrían ahorrarse con su declaración hasta 4.100 millones.
De esta forma, Cs pregunta al Gobierno sobre los datos que dispone sobre los derechos del contribuyente que no se han ejercido y sobre las medidas correctoras que tiene previsto impulsar para corregir esta pérdida de derechos de los contribuyentes y asegurar, también en coordinación con los organismos competentes de las comunidades autónomas, que los obligados tributarios conocen todas las deducciones a las que tienen derecho.
Habida cuenta de que los derechos prescriben a los cuatro años según dispone la Ley General Tributaria, también le cuestiona sobre las medidas que tiene previsto implantar en la coordinación y gestión de la rectificación de autoliquidaciones que se han presentado sin haber ejercido las deducciones que por derecho le corresponden al contribuyente.