MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Confemetal ha avisado de que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para 2025 que el Gobierno quiere aprobar por ley pondrá al "límite" la supervivencia de muchas empresas, especialmente pymes y autónomos.
En su boletín de 'Coyuntura económica y laboral' de diciembre, desde la confederación de empresas del metal indican que esta será una de las consecuencias de la aprobación de la medida sin que la patronal española forme parte del acuerdo.
Así, asegura que sin esa negociación con las empresas, "el verdadero tejido productivo español", muchas empresas y trabajadores por cuenta propia se verán abocados a una reorganización forzada que pondrá "al límite su capacidad de organización interna".
De igual manera, considera "una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva" y una "burla" al diálogo social que esta medida vaya acordarse finalmente de manera bilateral --entre Gobierno y organizaciones sindicales --.
Además, Confemetal cree que generalizar medidas para la reducción de jornada sin atender a las diferencias existentes entre los distintos sectores de actividad y comunidades autónomas será "un obstáculo más" para el incremento de la productividad en España.
DIRECTIVA SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EMPRESAS
Sobre la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CS3D), que debe incorporarse en dos años a la normativa de los Estados miembros de la Unión Europea, desde Confemetal han avisado de que puede suponer "una fuente importante de carga normativa" y su aplicación puede generar "solapamientos e incoherencias" si no está bien orientada.
"En última instancia generar sobrecostes para empresas que operan en la Unión Europea", avisan desde Confemetal, a la vez que piden a la Comisión Europea supervisar una profunda evaluación de los efectos sobre la competitividad de la directiva.
Por ello, Confemetal, a través de la patronal europea Ceemet y junto a veintisiete organizaciones empresariales europeas, ha pedido identificar y abordar los solapamientos y las incoherencias y que las empresas, incluidas las pymes, y las organizaciones empresariales, puedan colaborar a la hora de elaborar la legislación de aplicación y las directrices.
También que, al menos dos años antes de la entrada en vigor de las obligaciones legales, se garantice la puesta a disposición de las orientaciones, la legislación de aplicación, el servicio de asistencia único y otras medidas de apoyo, o que se asegure un período de transición ampliado para las empresas.
Además, las empresas del metal europeas piden que la norma no genere mayor fragmentación del mercado interior de la Unión Europea y que sea la Comisión Europea la que supervise exhaustivamente las medidas de transposición, al tiempo que se coordina con los Estados miembros para garantizar que se minimizan las divergencias de las normativas nacionales con la directiva.