MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dado este martes por hecho que el Comité Europeo de Derechos Sociales condenará a España por su legislación sobre el despido injustificado y exigirá la implantación de un coste de despido restaurativo para el trabajador y disuasorio para las empresas, así como el pago de los salarios de tramitación a los empleados despedidos de manera improcedente.
El líder de UGT ha subrayado que, aunque existe el deber de guardar sigilo hasta el 20 de julio sobre la resolución del Comité Europeo ante la denuncia presentada por su sindicato contra España, ya hay tribunales de Justicia que la están aplicando "sin tener conocimiento expreso de la misma", porque las resoluciones del organismo europeo para otros países han ido en el sentido de implantar despidos restaurativos y disuasorios cuando estos no están justificados.
"Iremos visualizando sentencias que no tienen por qué ser todas exactamente iguales y finalmente tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina, pero yo creo que está fuera de duda que el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea es un comité muy coherente y todas sus actuaciones ante causas iguales tienen una resolución equivalente y, por tanto, la nuestra no es diferente a la italiana, a la francesa o a la finlandesa, que son las tres que han actuado en esta materia, y no puede ser diferente porque nosotros, en buena parte, nos hemos basado en esas denuncias para hacer la nuestra", ha defendido.
En consecuencia, Álvarez considera que Europa reconocerá a los trabajadores que en España sean despedidos por causas objetivas que se declaren no justificadas, es decir, improcedentes, los días de indemnización que marca la legislación más una cantidad "restaurativa", que tenga en cuenta las circunstancias geográficas, de formación, de edad y las posibilidades efectivas para que esa persona pueda rehacer su vida laboral.
"Estamos hablando, por tanto, de un nuevo derecho que viene como consecuencia de la Carta Social Europea, que se va a aplicar, que se está aplicando ya en nuestro país, porque hay alguna sentencia que ya lo recoge y que sería bueno, sería razonable que si Europa nos condena al Estado español, que los agentes sociales y económicos podamos llegar a un acuerdo de cómo eso se puede plasmar en la legislación española", ha indicado.
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el líder de UGT ha recordado que la reclamación de su sindicato ante el Comité no sólo pedía revisar los costes del despido injustificado, también que existieran dificultades para que el empresario no pueda evaluar previamente cuánto podría costarle el despido, con el fin de que ello actuara como elemento disuasorio, así como la restauración del pago de los salarios de tramitación.
"Eso también estará con toda seguridad resuelto y el día 20 lo podremos ver en la resolución por lo que hace referencia a la demanda de la UGT", ha defendido el dirigente sindical.
Los salarios de tramitación son aquellos que el trabajador deja de percibir entre su despido y la notificación de la sentencia y fueron eliminados con la reforma laboral de 2012 para los casos de despido improcedente en los que se eligiera percibir la indemnización, lo que implicaba una rebaja de facto del coste del despido.
En concreto, con la legislación actual, en un despido declarado improcedente, si la empresa decide readmitir al trabajador, éste tiene derecho a cobrar salarios de tramitación, pero cuando la empresa no lo readmite, se abona una indemnización, pero no los salarios de tramitación, cuando antes de la reforma laboral de 2012 se abonaban ambas cosas.