El Gobierno tiene la intención de que los dictámenes que emita la futura autoridad de defensa del cliente financiero sean vinculantes para las entidades. Acceder a ella será gratuita para los clientes, según ha explicado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a la interpelación realizada por el diputado Rafael Mayoral, del grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en la sesión de control al Gobierno.
Mayoral ha preguntado a la ministra sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y, en concreto, sobre los desahucios. "Primero ejecuto y discutimos después, sin que exista un mecanismo de coordinación que garantice la alternativa habitacional", ha criticado el diputado.
Por su parte, Calviño ha apuntado que lo importante no es discutir sobre si los dictámenes son o no vinculantes, sino solventar las cuestiones de fondo que se suscitan, para lo que el Gobierno está centrado en mejorar el marco jurídico para proteger a los ciudadanos de manera preventiva.
Sin embargo, ha apuntado que el Ejecutivo trabaja en que la autoridad de defensa del cliente financiero, que el Gobierno pondrá en marcha en "las próximas semanas" y que se encargará de forma integral de las reclamaciones relativas a la banca, pueda emitir dictámenes vinculantes.
"Se trata de dar una respuesta eficaz a través del ordenamiento jurídico de nuestro país a la situación de los ciudadanos. Tenemos también la intención de que los ciudadanos no tengan que pagar nada por acudir a esta autoridad de protección y que no necesiten abogado ni procurador para verse protegidos por ella", ha detallado Calviño.
La titular de Economía ha defendido que el interés general pasa por la protección por parte de los poderes públicos de los colectivos más vulnerables en situaciones de desahucio, pero ha pedido no demonizar al sistema financiero. "Hay que evitar los abusos y proteger a los colectivos más vulnerables sin poner en riesgo un sistema que sí canaliza recursos hacia empresas y familias", ha pedido la ministra.
En este sentido, ha defendido que la nueva ley hipotecaria, en proceso de tramitación parlamentaria, pretende conseguir un sistema de acceso a la vivienda que funcione de forma correcta, que goce de seguridad jurídica y que evite los abusos a los consumidores, especialmente a los más vulnerables.
LA NUEVA LEY HIPOTECARIA, MEJORADA
Según ha asegurado, este proyecto de ley, que fue aprobado por el anterior Gobierno, está siendo mejorado en su paso por la Cámara en cuestiones como aumentar el número de impagos que tiene que producirse para que se pueda declarar el vencimiento anticipado de la hipoteca, reducir la comisión por reembolso anticipado por parte del cliente en las hipotecas a tipo variable, facilitar la anulación de cláusulas que no cumplan lo exigido por la ley, incrementar la formación del personal que comercializa los préstamos inmobiliarios o repartir los gastos de las hipotecas para que el consumidor solo se haga cargo de abonar la tasación.
Asimismo, Calviño ha resaltado que la nueva ley hipotecaria no afectará a los procedimientos de ejecución que ya se han iniciado anteriormente y que están paralizados, con el fin de evitar que se puedan reactivar de forma masiva cuando esta entre en vigor.
"Está claro que el Gobierno ha puesto el carácter social de la vivienda en el centro de su agenda política, al combinar iniciativas a corto plazo con otras de carácter estructural pensando en el medio y el largo plazo", ha asegurado Calviño, quien ha manifestado el absoluto compromiso del Ejecutivo por mejorar las garantías legales y procesales para todos los usuarios, especialmente los afectados por desahucios y ejecuciones que cuentan con menos recursos.
ELEVAR A RANGO LEGAL EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Por otro lado, la ministra de Economía ha adelantado que se está estudiando introducir una enmienda que permita que el Código de Buenas Prácticas Bancarias que se aprobó en 2012, que obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes diferentes opciones antes de proceder a la ejecución de una hipoteca, sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012.
Esta tarde se darán a conocer los datos al cierre de junio de 2018 relativos a la aplicación de este código. Según ha avanzado Calviño, se acogieron al mismo alrededor de 54.800 familias que no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas, de las que 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en 8.000 casos se han acordado daciones en pago.
"Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor", ha resaltado Calviño tras lamentar que el diputado de Rafael Mayoral considere que los instrumentos que el Gobierno está impulsando, así como las mejoras que se están introduciendo en la normativa, "no valen para nada".
"El trabajo de la ley de crédito inmobiliario es muy valioso e insto a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en este sentido", ha señalado la ministra.
