La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que la reforma laboral de 2012 se derogará en dos fases. En una primera se procederá a suprimir "de inmediato y con urgencia" determinados aspectos de la ley, como el que permite el despido por acumulación de bajas justificadas por enfermedad o el que da prevalencia a los convenios de empresa sobre los sectoriales.
"Hay que reequilibrar la posición de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva", ha apuntado la ministra, que ha argumentado que la reforma laboral del PP rompió este esquema de equilibrio.
En una segunda fase, ha explicado Díaz, se elaborará en el marco del diálogo social un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI para adaptarlo a las nuevas realidades, ya que las relaciones laborales ya no son las de las "grandes fábricas", sino que se producen mayoritariamente en pymes y negocios autónomos, ha precisado.
"Hay dos fases. Primero derogar y luego proponer un marco legislativo diferente", ha subrayado Díaz, que ha denunciado que hasta el Banco de España dijo que la reforma laboral del PP "no sirvió para crear empleo, sino para devaluar los salarios".
Díaz, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha indicado que "merece la pena" que en la negociación de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores se redefina todo el marco legislativo, incluido el despido. En este sentido y preguntada por si las indemnizaciones por despido improcedente volverán a los 45 días por año, la ministra ha respondido que el despido es un aspecto "clave" y que "se va a trabajar en el marco del diálogo social".
La ministra ha subrayado también que pequeñas "modificaciones legislativas" pueden ayudar a combatir la precariedad laboral, por ejemplo, ha dicho, devolviendo la causalidad a los contratos temporales, o modificando aspectos de la subcontratación.
Sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la ministra se ha mostrado convencida de que se llegará "a un punto de encuentro" para poder cumplir con el objetivo del Gobierno de llevarlo al 60% del salario medio a final de legislatura. "Vamos a acudir al diálogo social para negociar el SMI. Se merecen respeto los agentes sociales y creo que llegaremos a un punto de encuentro", ha señalado al respecto.
La titular de Trabajo ha indicado además que llevarán adelante la Ley de Igualdad Retributiva y que legislarán sobre las plataformas digitales en línea con los pronunciamientos de los tribunales.
"LA ÚNICA VOZ QUE ROMPIÓ EL PACTO DE TOLEDO FUE EL PP"
Por otro lado, Díaz ha reconocido que le hubiera gustado asumir también las competencias de Seguridad Social, como al PSOE le hubiera gustado quedarse con el Ministerio de Trabajo. "Lo siento mucho por los funcionarios (del Ministerio) porque me consta que hay inquietudes", ha añadido.
En todo caso, ha garantizado "cooperación y unidad de acción" con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a pesar de que en algunas cuestiones tienen "posiciones diferentes".
Preguntada por la responsabilidad de Unidas Podemos en la ruptura del acuerdo que parecía haber alcanzado el Pacto de Toledo en la pasada legislatura, Díaz ha asegurado que gracias a la formación morada se consiguió que la revalorización de las pensiones se vaya a ligar al IPC. "La única voz que rompió el Pacto de Toledo fue el PP con la reforma sin consenso de 2013", ha enfatizado.
La ministra ha puesto en valor las palabras de Escrivá sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones y ha asegurado que, tal y como figura en el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno tiene previsto suprimir el factor de sostenibilidad.
JOAQUÍN PÉREZ REY, SU SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO
Díaz ha ya empezado a elegir a los miembros que conformorán su equipo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento, ya anunciado, del profesor Joaquín Pérez Rey como nuevo secretario de Estado de Empleo y Economía Social.
Asimismo, también se aprobó el nombramiento de la catedrática María Amparo Ballester como directora de Gabinete de la ministra de Trabajo.