La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2019 en 1,189 billones de euros, por lo que aumentó en términos absolutos un 1,3% respecto a diciembre de 2018, con unos 16.000 millones de euros más, si bien se situó en el 95,5% del PIB, 2,1 puntos menos que el 97,6% del año anterior y registrando la cifra más baja desde 2012, según los datos publicados este martes por el Banco de España.
De esta forma, la ratio de deuda pública según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) cumplió el objetivo que había trasladado el Gobierno a Bruselas en octubre, al haber quedado cuatro décimas por debajo de la meta del Ejecutivo (95,9%).
En concreto, en términos absolutos la deuda pública registró un repunte del 1,3%, al escalar unos 16.000 millones, pues pasó de los 1,173 billones de euros de 2018 a los 1,189 billones de euros en 2019. En términos de ratio de deuda pública sobre PIB, el 95,5% registrado supone una reducción de 2,1 puntos sobre el cierre de 2018 y la cifra más baja desde 2012. La bajada de la ratio se ha producido a pesar del incremento del déficit público, que escaló del 2,5% al 2,7%, su primer alza desde el año 2012.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la disminución ha sido posible gracias al importante descenso de la emisión neta del Tesoro, que el año pasado se situó por debajo de los 20.000 millones de euros, la menor cifra desde 2007, así como a la "confianza de los inversores en la economía española", que se está traduciendo en una reducción "sostenida" de la prima de riesgo, y a la gestión "más eficiente" de la tesorería de las administraciones.
RECLASIFICACIÓN
Además, el Banco de España explicó el mes pasado que el dato de deuda mensual se ha revisado en el periodo más reciente como consecuencia de la incorporación de los cambios habituales que se han producido en las fuentes estadísticas, al tiempo que se ha incluido el efecto de la reclasificación de algunas unidades. En este contexto, señaló que, entre las reclasificaciones realizadas recientemente, destaca por su impacto la correspondiente al Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante, CCS), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ha pasado a incluirse dentro del sector de las administraciones públicas.
Dicha reclasificación afecta al saldo de la deuda según el PDE de las administraciones públicas, dado que una parte de sus inversiones está materializada en valores de deuda emitida por el Estado y las comunidades autónomas, y el importe de la deuda consolidada de las administraciones públicas se ve reducido al consolidar estos valores.
Según la información provisional disponible, la cartera en firme de valores de deuda pública de la entidad tiene un valor nominal de 3.798 millones de euros en diciembre de 2019, importe que representa un 0,3% del PIB a precios de mercado y que reduce la deuda PDE consolidada de las administraciones públicas de dicho año en esa magnitud.
SOLO BAJA EN LOS AYUNTAMIENTOS
Por administraciones, a nivel interanual la deuda solo bajó en términos absolutos en las corporaciones locales, mientras que se incrementó en el Estado, las comunidades autónomas y especialmente en la Seguridad Social. Así, la deuda del Estado subió en diciembre del año pasado a 1,061 billones de euros, lo que representa el 85,2% del PIB y un incremento del 1,3%, concentrado en emisiones de valores a medio y largo plazo del Estado.
Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 295.000 millones de euros en diciembre de 2019, equivalente al 23,7% del PIB, con un alza interanual del 0,6%. Mientras, las corporaciones locales redujeron un 9,9% su deuda en el último mes del año 2019, hasta los 23.000 millones de euros, lo que representa un 1,9% del PIB.
Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en diciembre en 55.024 millones de euros, por lo que marcó su récord histórico. A nivel interanual creció un 33,6%, sumando 13.830 millones de euros en solo un año. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad con carácter mensual demarzo a noviembre de 2019, para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse deoperaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector administraciones públicas, explica el Banco de España.