La primera reunión en ocho años de la Comsión Mixta de Economía y Fiscalidad entre la Generalitat y el Estado llega en un claro clima de distensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes independentistas. El Govern de Quim Torra aprovechará el buen ambiente que parece reinar entre ambas administraciones para lograr que el Ejecutivo pague los atrasos de la financiación de los Mossos d’Esquadra y, además, tanteará sus posibilidades de lograr un gran alivio en la deuda de más de 54.000 millones que mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Uno de los principales objetivos de esta cumbre bilateral será obtener el reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda de los cerca de 700 millones de euros procedentes de los impagos de las partidas estatales para el cuerpo policial autonómico. En concreto, el vicepresident y conseller a cargo de las finanzas de la Generalitat, Pere Aragonés, expuso hace pocos días que ascienden a 583 millones entre 2010 y 2017 y 105 millones pendientes a partir de 2018.
En las relaciones entre los Mossos e Interior planea una deuda de 4,4 millones de euros con los agentes por el dispositivo antiterrorista y del 1-O de 2017
Recuperar estos montos es una prioridad para el gobierno catalán porque les permitirá solucionar el conflicto laboral que la conselleria de Interior mantiene con los sindicatos policiales por la “falta de efectivos” y los recortes desde 2010 que sufren los Mossos d’Esquadra y que estos han denunciado con manifestaciones. De hecho, el conseller de Interior del Govern, Miquel Buch, garantizó a mediados de septiembre que la Generalitat abonará las horas extras pendientes de pago antes de final de año.
Además, en las relaciones entre la policía regional e Interior planea una deuda de 4,4 millones de euros con los agentes por el dispositivo ÀGORA, la operación antiterrorista desplegada el año pasado coincidiendo con el referéndum del 1-O, que según los policías les obligó a hacer turnos de doce horas durante más de un mes.
Por último, los portavoces de los agentes reclaman además el cumplimiento del acuerdo de 2008 por el cual se equiparaba el sueldo de los Mossos al de otros cuerpos, como el de Bomberos. En este contexto, no es de extrañar que la liquidación de los importes pendientes en materia policial ya fuera una de las peticiones en las que se hizo mayor hincapié en la última reunión que el anterior conseller d’Economia, Oriol Junqueras, mantuvo con el anterior Ejecutivo de Rajoy, en julio de 2017. En aquella ocasión, ya se demandó a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pago de esta deuda por lo que desde el Govern prevén que “sea un punto en el que se vuelva a insistir”.
LA GENERALITAT OFRECE PACIENCIA Y PIDE FLEXIBILIDAD
Además, Aragonès presentará a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, los números de toda la deuda histórica del Gobierno con la administración catalana, que asciende a más de 7.600 millones de euros. Pero, según cuentan a Bolsamanía fuentes del Govern, prevé ser paciente con el Ejecutivo de Sánchez ya que se prepara de antemano para cobrar sólo una parte de este importe y sólo se mostrará exigente con la ya mencionada partida para los Mossos, así como con los 412 millones que se deben del impacto del cambio en la gestión del IVA en 2017.
De esta forma, la Generalitat espera lograr la simpatía del Estado en el plan de reestructuración de la deuda de 54.382 millones que tiene con el Fondo de Liquidez autonómica que el ejecutivo de Sánchez está rematando. En julio, el jefe del Ejecutivo anunció medidas para aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas suavizando los plazos y condiciones de devolución. Así, el equipo de Aragonès buscará que la postura del Estado sea tan flexible como para que no haya fecha de reembolso ni de vencimiento, lo que se conoce como deuda perpetua.
En el caso catalán el endeudamiento es de tal tamaño que sólo una condonación permitiría a la comunidad, cuya calificación en todas las agencias crediticias está actualmente por debajo del bono basura o de altísimo riesgo, volverse a financiar en los mercados. Pero el Gobierno jamás ha hablado de recortar la cantidad pendiente de pago, por lo que prolongarlo ‘sine die’ sería una buena salida.
