El 30 de junio será el último día de vigencia para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. Esto supone que, si no hay cambios, desde esa fecha los trabajadores que continúen acogidos a este mecanismo comenzarán a consumir su paro acumulado para poder seguir cobrando la prestación. Hasta ese momento, según lo aprobado por el Gobierno, los afectados por un ERTE tenían derecho a percibir la prestación por desempleo sin que ese tiempo consumido de paro contara como gastado.
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Algo que hizo posible, además, que muchos trabajadores inmersos en un ERTE por fuerza mayor cobraran prestación por desempleo aun sin tener el tiempo mínimo cotizado para tener derecho a una prestación. El decreto-ley aprobado a medidos de marzo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconocía el derecho a cobrar el paro a "las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello". Asimismo, se destacaba que no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo "a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos".
Ahora bien, en el caso de estos, además, desde el 1 de julio, la prestación de desempleo dejará de correr a cuenta de la Seguridad Social, por lo que perderían el derecho a cobrar esta prestación. En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, la prestación de desempleo que ya reciben en el marco de los ERTE se ampliará hasta diciembre.
Hay que tener en cuenta que este alivio llegará a su fin el 1 de julio siempre que no se incluyan modificaciones a partir de entonces. Unos cambios, eso sí, que tendrán que ser acordados entre el Gobierno y los agentes sociales en la Comisión que se creará para ello. En ella se irá decidiendo también las ampliaciones que puede haber en determinados sectores que a partir de esa fecha sigan afectados por la crisis del coronavirus.
