Con el nombramiento de Margarita Delgado como subgobernadora del Banco de España, el Gobierno se ha puesto la doble medalla de su neutralidad política (la excepción a su alocada ocupación partidista de las instituciones) y de nombrar a la primera mujer en ese cargo. Pero hay otro motivo: el BCE y el propio supervisor español necesitan a alguien que conozca bien el Popular para defender la actuación de las instituciones en la resolución del banco.
Como informa este jueves Bolsamanía, la nueva subgobernadora fue la máxima responsable (coordinadora ejecutiva) de la supervisión del Banco Popular en 2012, cuando suspendió los test de estrés y Ángel Ron -apoyado por el Ejecutivo de Rajoy- tomó la nefasta decisión de hacer una ampliación de 2.500 millones con clientes minoristas en vez de recibir dinero público y, lo más importante, traspasar a Sareb todo el ladrillo que lo llevaría a la muerte cinco años después.
Por tanto, está 'tocada' por el mayor desastre financiero de Europa desde el traspaso de la supervisión bancaria al BCE, ya que no fue capaz de detectar el agujero que descubrió la simulación de Oliver Wyman, y que resultó ser mucho mayor todavía en la realidad. O peor: no trasladó a la cúpula del supervisor los hallazgos de los inspectores, como había sucedido en Bankia, CAM, CCM, etc. Hay incluso quien la considera cómplice de la estrategia de Ron de ocultar la verdadera situación del banco, en algunos casos por medios que pudieron ser delictivos tal como investiga la Audiencia Nacional .
Pero esta mancha se ha convertido en una virtud, a decir de varias fuentes cercanas al supervisor. Este conocimiento la convierte en la persona ideal para defender la actuación del BCE y el Banco de España en la defunción del Popular en los numerosos procesos judiciales a los que se enfrentan, empezando por el administrativo en el Tribunal de Justicia de la UE, y con la causa penal en la Audiencia Nacional como estrella. Algunas fuentes sostienen que esa es la principal razón de que la haya propuesto el gobernador Pablo Hernández de Cos.
Y hay mucho que defender: la incapacidad de nuevo para solucionar su problema, la complicidad con su ocultación (por ejemplo, la aprobación de la ampliación de 2016, a todas luces insuficiente), la negativa a inyectarle liquidez de emergencia cuando se produjo la fuga de depósitos y, como colofón, la decisión de la JUR de resolver el banco con la pérdida de todo el dinero de accionistas y bonistas.
Denuncias de presiones
Pero Delgado, que perdió el cargo de gobernadora por optar a una dirección general del BCE (ahora se ha quedado sin ella y acepta como premio de consolación ser número dos del Banco de España), debería poner sus energías en otros menesteres. El principal, prevenir la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, cuyos síntomas son cada día más preocupantes. Empezando porque todo el mundo niega que exista, exactamente igual que en 2008.
Aquí los precedentes no son halagüeños. Delgado pertenece a un grupo afín a Jerónimo Martínez Tello y sus "apaches"', es decir, los inspectores dispuestos a plegarse a las presiones políticas primero en los tiempos de Zapatero y después en los de Rajoy. Y que fueron recompensados por ello con ascensos, en el caso de Delgado, hasta el BCE. El secretario de la asociación de inspectores denunció en el Congreso presiones de la nueva subgobernadora por no tener "cintura suficiente" en la denuncia de los problemas de Liberbank.
A ese grupo, más afín ideológicamente a la derecha que a la izquierda y con fuertes creencias religiosas, también pertenecen su amigo Alberto Calles, socio responsable de auditoría de PwC (la auditora del Popular hasta su final) y otro de los candidatos a subgobernador, su compañero en esa firma Santiago Martínez-Pinna o el exdirector general adjunto del BdE, Pedro Comín.