- "Existe una obligación legal motivada por un procedimiento judicial"
- Ha pedido "ser prudentes" y no dar cifras de la operación todavía
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado hoy que el Gobierno no tiene "ningún tipo de capacidad política" para poder actuar de una u otra forma en las autopistas de peaje en situación de quiebra, sino que existe una "obligación legal" debido al proceso judicial abierto sobre este asunto.
En este sentido, el titular de Fomento ha insistido en que "en ningún caso se trata de un rescate" de autopistas, sino que hay un proceso de liquidación de unas concesiones, y la ley establece que tiene que producirse una reversión a las empresas propietarias de esas infraestructuras, según recoge la Agencia EFE.
Dado que el propietario es el Estado, ha añadido, y éste tiene que garantizar que al día siguiente los usuarios no vean afectada la circulación por un procedimiento que tiene su origen en un concurso de acreedores, lo que tiene que hacer el Gobierno es responder a un procedimiento judicial. Además, ha recordado que la ley establece que hay una responsabilidad patrimonial de la Administración cuando revierte a ella un activo que no ha pagado la propia Administración, aunque ha resaltado que la cantidad definitiva no se sabrá hasta que finalice el propio proceso.
Ha pedido "ser prudentes" y no dar cifras de la operación todavía
Por ello, ha pedido "ser prudentes" y no dar cifras que aún no pueden concretar, aunque ha matizado que estarán "muy por debajo" de lo que algunos representantes empresariales han indicado en los últimos días. De la Serna ha insistido en que se trata de ocho autopistas distintas, y en algunas la responsabilidad patrimonial de la Administración "puede ser cercana a cero", y en otras puede "alcanzar cantidades importantes".
SIN GASTOS "COLATERALES"
No obstante, ha asegurado que no habrá gastos "colaterales" en costas judiciales y que el "grueso" del importe que se pague será la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Además, ha reivindicado los cambios legislativos impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy para rebajar el concepto de responsabilidad patrimonial en las liquidaciones por concursos de acreedores y que, por ejemplo, no se llegue a pagar "casi el doble o dos veces una misma expropiación".
El ministro ha precisado que, de forma paralela, están intentando un acuerdo con los propietarios de esas concesiones que permita hacer un desembolso inferior por la responsabilidad patrimonial de la Administración, si bien es una tarea "francamente difícil por la propia dispersión" que actualmente hay de la participación de esas concesiones.
