El Covid dispara el déficit público de 2020 al 10,09% del PIB, el más alto desde 2012

Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2020 expuestos este lunes en rueda de prensa por la también portavoz del Ejecutivo, que ha dicho que el dato final se sitúa más de un punto por debajo de la estimación del Gobierno (11,3%). Esa es la cifra que el gabinete de Pedro Sánchez había comunicado el pasado mes de octubre a la Comisión Europea. La cifra final mejora estas previsiones y también las de la mayoría de entidades privadas de análisis, que eran más pesimistas incluso que el Gobierno. No obstante, multiplica casi por cuatro el dato de 2019 (2,86% del PIB).

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En concreto, en 2020 se produjo un aumento del gasto en 53.070 millones de euros respecto al año anterior, y el 85% de esta cifra corresponde a medidas extraordinarias adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia, como las dirigidas a mantener las renta y el tejido productivo y blindar los servicios. También se enmarcan en este 'agujero presupuestario' otras medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las ayudas para autónomos y el aumento del gasto sanitario, que han disparado los desembolsos.

En concreto, se trata de 44.907 millones ligados directamente a las políticas discrecionales puestas en marcha para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia, de los que más de 40.000 millones, el 90% del total, han sido asumidos por el Estado. Según ha desglosado la ministra, 21.520 millones corresponden a ERTE, Incapacidad Temporal y Cese de Actividad; 8.284 millones, a gastos Covid y sociosanitarios en las CCAA; 7.791 millones a exoneraciones de ERTE y autónomos y 7.312 millones corresponden al resto de gastos relacionados con la pandemia, recoge Europa Press.

Gran parte del gasto público no vinculado a políticas anti-Covid hay que atribuirlo también a la intervención de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones de desempleo, que aumentaron más de 5.000 millones de euros. De hecho, el gasto aumentó también por el impulso de partidas como subvenciones y prestaciones sociales. En concreto, las subvenciones aumentaron un 71% y alcanzaron los 21.420 millones, mientras que las prestaciones sociales subieron un 15,9%, hasta los 228.115 millones.

Eso sin olvidar que se ha producido una importante caída en la recaudación, lo que unido al parón de la actividad causada por los confinamientos ha mermado los ingresos de las arcas públicas. De esta forma, los ingresos reflejan una caída en 24.487 millones, un 5% menos, registrándose un descenso de la recaudación fiscal en 21.674 millones, un 7,8% inferior. En concreto, los impuestos indirectos han caído un 11% y los directos, un 3%. En cambio, las cotizaciones sociales han crecido un 0,8%.

El dato del déficit de 2020 (excluyendo la Sareb) es el tercero más alto de la historia. El peor registro corresponde a 2009, cuando el Gobierno de José Luis Zapatero expandió el gasto para intentar atajar la crisis financiera desatada tras la caída de Lehman Brothers. Ese año el agujero de las cuentas pública tocó el 11,06% del PIB. El segundo peor dato corresponde a 2012, el año del rescate a la banca. Entonces el déficit público alcanzó el 10,7% del PIB, tras los desembolsos del Estado para rescatar a las antiguas cajas de ahorro.

"El incremento del déficit no implica que el Gobierno renuncie a la estabilidad presupuestaria. La prioridad es combatir la pandemia pero eso no va a impedir que en 2021 se registre un descenso del déficit", ha recalcado Montero, que ha dicho que el debate sobre la consolidación fiscal se afrontará cuando la Comisión Europea decida volver a las reglas fiscales. Aunque ha insistido en que el Ejecutivo "no está desatendiendo" la reducción del déficit, ya que este año ya hay un recorte hasta el 7,7% del PIB, cifra que, según ha admitido, se revisará cuando se envíe a Bruselas en abril el nuevo plan de estabilidad, aunque no ha concretado si mejorará o empeorará.

La distribución de los datos de 2020 por subsectores muestran que la Administración Central asumió la mayor parte del coste de la pandemia, con una tasa de déficit que se situó en el 7,49% del PIB, mientras que las comunidades autónomas registraron un déficit hasta el 0,21%. En el caso de la Seguridad Social fue del 2,65%, y las entidades locales presentaron un superávit del 0,26% del PIB.