El Libro Blanco para la reforma del sistema tributario elaborado por el Comité de Expertos que ha sido entregado este jueves a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, recoge varias propuestas, entre las que se encuentran subir el IVA, nuevas deducciones en el IRPF por hijos y bajos salarios, mantener Patrimonio y Sucesiones e igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina.
Montero ha descartado que el Gobierno contemple "hacer de inmediato ninguna subida fiscal", con lo que deja la posible aplicación del informe para "el medio y largo plazo". Sin embargo, la ministra ha asegurado que "se tomará el tiempo necesario para leer" el documento y analizarlo "de forma detallada". Después el Gobierno planteará las reformas que crea necesarias buscando "el máximo consenso parlamentario", puesto que el escrito "no refleja la postura del Ministerio de Hacienda".
Por su parte, el presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruiz-Huerta, ha aclarado que el documento "no es una reforma fiscal", coincidiendo con Montero en que "una reforma como la que proponemos exige plazos largos".
Entre el conjunto de propuestas y sugerencias está reducir los beneficios fiscales en el IVA, que son "muy elevados", ha afirmado Ruiz-Huerta, por lo que se propone un proceso de "revisión y reducción" de los tipos reducidos y superrreducidos.
En cuanto al IRPF, el documento incluye generalizar la estimación directa, lo que implica acabar con la tributación por módulos. Además, desean prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años.
Sobre Patrimonio y Sucesiones, los expertos entienden que hay que evitar el "vaciamiento" y la "desaparición" de estos impuestos pero recomienda su mantenimiento y aconseja revisar la regulación de los requisitos exigidos para su aplicación.
Por otro lado, proponen igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina para cumplir con la directiva europea sobre fiscalidad energética. En este sentido, el Comité de Expertos ha señalado que España está "muy por debajo" frente al resto de los países europeos en materia de fiscalidad verde. Así, aunque cree que la aplicación "no debe retrasarse más", tiene que llevarse a cabo con "gradualismo".
