Las organizaciones del sector comercial ANGED, CEC, ACOTEX, FECE y la de servicios de seguridad APROSER ven con preocupación el impacto que podría tener sobre la actividad comercial el límite a 1.000 euros del pago en efectivo, tal y como se ha propuesto en las enmiendas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.
Desde el sector, han apuntado en un comunicado que el propio Banco Central Europeo ya señaló que era una medida desproporcionada, que podría cuestionar el propio concepto de curso legal del dinero. Además, han considerado que es totalmente inoportuna, ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, como el comercio y el turismo.
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Las diferentes organizaciones han recordado la advertencia del BCE a España a este respecto en 2019, en el que calificaron la medida como "desproporcionada". "La posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago", indicó la institución europea hace dos años.
Asimismo, han indicado que "la inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo", y que "solamente Francia lo ha fijado en 1.000 euros". Sobre esta excepción, han advertido que Francia "no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa", mientras que países "sin límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos".
En última instancia, han explicado la situación en que se encuentra la economía y el desplome de la demanda, y han rechazado "establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta". En este sentido, han valorado que cualquier regulación se debe adecuar "a la realidad actual de nuestra estructura comercial y de distribución".
