El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, han acordado reforzar la colaboración entre ambas instituciones para mejorar y hacer más efectiva la detección y la represión de fraudes financieros. También han analizado distintos aspectos relacionados con la ciberseguridad en el ámbito de los mercados financieros.
En una reunión mantenida en la sede de la CNMV, han analizado la efectividad y los mecanismos de cooperación en la lucha contra estos fenómenos a través de los convenios bilaterales que el supervisor de los mercados tiene con Policía Nacional y Guardia Civil y en el seno del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, PAFF. Este plan fue impulsado por la CNMV y desde el primer momento se adhirió a él la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a una veintena de entidades públicas y privadas.
Ambas partes, según ha explicado la CNMV, comparten su preocupación por el aumento de intentos de fraude que se difunden, principalmente, a través de páginas webs y redes sociales, lo que facilita su proliferación y dificulta su persecución.
Así, para mejorar la prevención y la reducción de este tipo de fraudes, la CNMV y las Fuerzas de Seguridad mejorarán los mecanismos y canales de intercambio de información para ser más eficaces de sus actuaciones en la lucha contra el fraude financiero.
Además, colaborarán en la elaboración de advertencias conjuntas específicas a los ciudadanos sobre nuevas modalidades de fraude financiero; y en la creación y difusión conjunta de material de educación financiera para la prevención de fraudes dirigidos, principalmente, a los colectivos en riesgo de exclusión o que son objetivo de estos intentos de fraude.
Por otro lado, han acordado avanzar en el intercambio de información para obtener datos fiables sobre el perfil del defraudador, las víctimas y las técnicas empleadas para prevenir y detectar nuevas técnicas de aproximación y captación.
Por último, llevarán a cabo un análisis conjunto de posibles modificaciones normativas para hacer posible actuaciones, ágiles y efectivas contra páginas web y perfiles de redes que difundan fraudes; e incrementarán la formación recíproca de los profesionales de ambas partes en materias relacionadas con el fraude financiero.