CEOE y Cepyme han criticado este viernes el acuerdo alcanzado por Gobierno y sindicatos para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5% hasta 1.134 euros. Los empresarios consideran la medida "arbitraria", ya que se ha adoptado sin tenerles en cuenta, y ha avisado de que podría generar "efectos de segunda ronda" y acabar trasladándose a la inflación, lo que añadiría, dicen, "un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo".
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"Lamentamos profundamente el escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo para la actualización del SMI en 2024", ha dicho estas organizaciones, que afirman que fueron ellas las primeras en poner sobre la mesa una propuesta para elevar el salario mínimo entre el 3% y el 4%, "en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)".
Con el acuerdo que han alcanzado Gobierno y sindicatos, dicen, "asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores".
Y es que, afirman los empresarios, tras el crecimiento de la economía o los buenos datos del empleo de este año, "en gran parte por los esfuerzos de contratación realizados por las empresas", ahora "vemos que los indicadores de inversión se están deteriorando en un segundo plano por esa falta de confianza que se percibe, siendo la inversión la palanca de la productividad, la actividad, el empleo y las alzas salariales del futuro".
Insisten tanto CEOE como Cepyme que no se han escuchado sus reclamaciones cuando se han sentado a negociar, y por eso no ha habido acuerdo. "Era necesario hacer compatible esta subida con la supervivencia del tejido empresarial, y por tanto del empleo y el conjunto de los salarios, en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario".
Algo que no se ha hecho, según apuntan. Como explican, solo pedían que se tuviese en cuenta para ámbitos concretos en los que la subida del SMI "puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos, que, entre otras cosas, no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo".
Asimismo, se quejan de que "la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018 sin revisar el precio de dichos contratos", lo que se traduce en que "muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas".
"Desde el principio pedimos que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se vieran incrementados al compás de los costes -lo que se conoce como indexación- para evitar esta circunstancia o, como está ocurriendo, que muchos contratos públicos empiecen a quedar desiertos ante la incertidumbre generada", resaltan.
Pero también, dado que la España vaciada y el espacio rural "están en el centro del debate", creen que era el momento de atender otra de sus peticiones, dirigida a "bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI" que también está afectando a los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería, emprendedores que dan empleo...
CEOE y Cepyme aseguran que tanto los sindicatos como el propio Ministerio de Trabajo "mostraron su conformidad con la indexación de los contratos públicos", pero finalmente esta petición no ha sido atendida "por su supuesto coste para la ciudadanía, mientras asistimos a incrementos del gasto público derivados de acuerdos meramente políticos".
Además, destacan que durante la negociación se ha producido un "hecho insólito": "Se ha tratado de plantear la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley", dicen en referencia al aviso que lanzó el Gobierno a la patronal, a la que dijo que o suscribía el acuerdo o el alza del SMI sería mayor, como finalmente ha ocurrido.
