Cataluña se financia más barato que EEUU gracias a España pese a tener el rating de Senegal

Este dinero procede del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que creó el Gobierno en 2012, en plena crisis de deuda. En aquel momento, el mercado prácticamente cerró el grifo a la mayoría de comunidades autónomas que tenían aún más dificultades para financiarse que el Estado, pese a que la prima de riesgo del bono español alcanzó los 600 puntos básicos. Con este fondo, compuesto de capital aportado por el Tesoro -organismo adscrito al Ministerio de Economía- y gestionado por el Ministerio de Hacienda, el Estado se ha convertido en el principal acreedor de las comunidades.

En concreto, el Estado tiene el 53,5% de la deuda viva de las comunidades autónomas, según los datos de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF). El porcentaje se eleva hasta el 67,1% en el caso de Cataluña, sólo menos que en la Comunidad Valenciana (77,2%), Murcia (75,9%), Castilla-La Mancha (68,5%), Andalucía (67,7%) y Canarias (66,7%).

Según estos expertos, Cataluña terminará el ejercicio con un nivel de endeudamiento del 35% del PIB. Esto es, un 350% más que en 2007. En términos absolutos, supone en torno a 77.600 millones de euros, teniendo en cuenta que el PIB regional acabó el año pasado en 211.915 millones de euros, y que para este ejercicio BBVA Research prevé un crecimiento real del 3,3%. AIReF ve además “improbable” que la región cumpla con el objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas, cerrar con un déficit inferior al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB).

De hecho, Cataluña acapara el 27% de la deuda autonómica, que asciende a 285.907 millones de euros, según las estadísticas publicadas este viernes por el Banco de España (BdE). Un nivel de endeudamiento que extrema la dependencia financiera de la Generalitat sobre el Ministerio de Cristóbal Montoro. Y seguirá siendo así al menos hasta 2019, según Moody’s, tanto para Cataluña como para la mayoría de regiones españolas.

Sólo se librarán de Montoro las comunidades de Madrid, País Vasco y Castilla y León, a las que la agencia de ‘rating’ sí otorga capacidad para financiarse en el mercado. “La fuerte dependencia de las regiones españolas sobre los mecanismos de financiación del gobierno mantendrá sus costes de financiación bajos, al cero para el Fondo de Facilidad Financiera, el cual atiende a regiones que cumplen con los objetivos de déficit del gobierno central, y alrededor del 0,9% para el Fondo de Liquidez Autonómico, el cual presta dinero a las regiones que no cumplen”, aseguró en julio Moody’s en un informe sobre deuda regional.

Para que un emisor -público o privado- pueda acudir al mercado sin soportar un elevado coste, la nota sobre la solvencia asociada a su deuda es clave. Es decir, el dictamen del oligopolio de las agencias de ‘rating’ estadounidenses S&P, Moody’s y Fitch. Las tres tienen a Cataluña en ‘bono basura’ o, lo que es lo mismo, concluyen que es muy arriesgado comprar deuda catalana -está varios escalones por debajo del grado de inversión-. Siempre aluden a dos razones que contrastan con la fuerte recuperación de la economía de Cataluña: el elevado endeudamiento y las tensiones con Moncloa, agravadas con la deriva secesionista de la Generalitat y la ausencia de diálogo entre los Ejecutivos de Carles Puigdemont y de Mariano Rajoy.

Cataluña comparte el mismo rating otorgado por S&P que países como Armenia, Montenegro, Nicaragua, Kenia o Senegal

En concreto, Fitch le da una nota de BB (dos escalones por debajo del grado de inversión); Moody’s, de Ba3 (tres escalones por debajo); y S&P, de B+ (cuatro escalones por debajo). En este último caso, la comparativa de los ‘ratings’ internacionales de S&P refleja que Cataluña comparte nota con países como Armenia, Montenegro, Nicaragua, Kenia o Senegal. En este último caso, por ejemplo, el país africano tiene bonos emitidos con rentabilidades de entre el 5% anual y el 8%.

Estos rendimientos contrastan con el coste financiero que soporta Cataluña en 2017, y que se sitúa en el 1,5% para 2017, según estimaciones de AIReF. Es decir, con su bono basura, gracias al mecanismo de financiación autonómica del Gobierno, Cataluña se financia más barato que incluso países como Estados Unidos, que con su ‘AAA’, máxima nota para Fitch y Moody's -S&P la tiene en AA+, segunda mejor nota-, soporta intereses de más del 2% para el bono a 10 años. Mientras que para el Estado no es gratis, ya que según cálculos de AFI, la deuda pública se ha incrementado en 140.000 millones de euros desde 2012 para financiar a las autonomías. En los últimos dos años, con la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE) que incluye compra de bonos, España se financia a un coste históricamente bajo. Pero en 2012, 2013 y 2014 no era así.

¿TENDRÁ FUTURO EL FLA?

El conflicto catalán ha dejado enquistada por ahora la reforma de la financiación autonómica que, entre otras cosas, deberá concretar si se mantendrán los fondos de liquidez con los que el Estado se ha convertido en el principal acreedor de los gobiernos regionales. Se trata de una de las grandes reformas pendientes para esta legislatura.

Un grupo de expertos designado por las autonomías -sin la participación de País Vasco y Navarra, por su foralidad, y de Cataluña por negarse- y por La Moncloa ha elaborado un documento con una propuesta de reforma que se entregó a los ministros Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, quienes tendrán que negociar con las comunidades. Algunas de ellas, como la Comunidad Valencia, ha pedido una quita de deuda.

Pero ni esto ni el futuro del FLA está claro. Ni siquiera los plazos para negociar la reforma de financiación autonómica, en medio del desafío catalán. Por ahora, la propuesta de los expertos incrementaría la financiación principalmente de Madrid, Valencia y Cataluña. En este último caso, en 470 millones de euros. Este cambio se produciría a fuerza de reducir la solidaridad entre regiones.

No obstante, esto no parece suficiente para Cataluña. El ministro Luis de Guindos sugirió este jueves estar dispuesto a negociar un nuevo “sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las características específicas de los diferentes territorios”. Diferentes bancos de inversión, por su parte, han señalado a una mayor autonomía fiscal para solucionar este embrollo. Esto implicaría un sobrecoste para el Estado de hasta 16.000 millones de euros anuales, según cálculos del economista Ángel de la Fuente, en el caso más radical de aplicarse un concierto catalán a imagen y semejanza del privilegio fiscal de País Vasco.