Los mercados financieros seguirán siendo territorio vedado para la Generalitat en 2020. Las últimas revisiones de rating de Moody's han mejorado la perspectiva para la región, pero han mantenido su calificación en el grado de bono basura, lo que imposibilita que el Govern de Quim Torra y Pere Aragonés siga los pasos de otros gobiernos regionales que han emitido deuda en 2018 y 2019. La inestabilidad política y las tensiones con el Ejecutivo central castigan a una comunidad autónoma cuyo bono a 10 años despertaría interés y apetito, incluso con la nota actual de las agencias de 'rating', según expertos en renta fija consultados.
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Era uno de los objetivos de la presidencia de la Generalitat. Torra y Aragonés se fijaron 2020 como el año en que la región volvería a los mercados, después de que entre 2017 y 2019 lo hayan hecho Asturias, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Navarra y Baleares. Sin embargo, el Govern tendrá que esperar otro año para ver si las agencias de calificación empujan a la región uno o varios escalones hacia arriba. O lograr un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez -si es investido- con el fin de que relaje las condiciones para emitir títulos de deuda y que exigen escapar de la horquilla del bono altamente especulativo.
El Gobierno socialista firmó un acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 5 de julio de 2018, con el fin de determinar de una forma lo menos arbitraria posible las reglas del juego. Además de entrar en rango de inversión, las regiones también deben haber abandonado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ajustarse a la regla del gasto y el déficit y pagar a sus proveedores a 30 días.
La Generalitat, sin embargo, no tira la toalla, ya que consideran esta "independencia financiera" como un hito político más. Confía en que el Gobierno valore positivamente el cumplimiento de casi todos estos requisitos y altos cargos del Govern monitorizan el mercado de la deuda en busca del momento más oportuno, según fuentes conocedoras. Cataluña ya no depende del FLA desde este 2019 -pero sí de la Facilidad Financiera (FF), un plan de asistencia con controles más laxo- y ha efectuado los ajustes fiscales necesarios para plegarse a la austeridad de Hacienda.
En cuanto al 'rating', espera un 'indulto'. Fuentes del Govern reclaman un acuerdo político que les permita saltarse la condición de ser calificados como 'grado de inversión', algo que está a años luz. Por el momento, Moody's ha elevado la perspectiva a positiva, desde estable, por lo que se barrunta alguna mejora, pero su nota está en el grado más bajo dentro de los bonos especulativos, Ba3, peor que la Comunidad Valenciana y Murcia, las únicas regiones que siguen en esos niveles. Por otra parte, Fitch no apunta a ninguna revisión en el corto plazo.
No obstante, que sean bonos de alto riesgo no significa que no haya inversores interesados. "Independientemente del rating, Cataluña no hallaría dificultad para financiarse en los mercados", asegura Rafael Valera, consejero delegado y socio de la gestora Buy & Hold. El experto señala que "el apetito por el riesgo no es problema", pero también ve lógico que el Ejecutivo mantenga sus requisitos ya que debería responder por esta deuda en caso de un hipotético 'default'.
"Hay poca probabilidad de que pase algo grave, pero el ‘GenCat’ no compensa a las TIR a las que está cotizando", señala otro gestor independiente que ha preferido permanecer en el anonimato. El bono a 2035 paga un diferencial sobre el Tesoro Público de 150 puntos básicos.
El bono a 10 años catalán tendría unas rentabilidades del 2,20% - 2,30% a día de hoy, comparado con el Español, que está al 0,40% o, incluso Grecia, que se halla al 1,33%. Pero "hay demanda de renta fija de este tipo", asegura por su parte Robert Casajuana, gestor en SLM. "Existe un tipo de inversor que busca este tipo de deuda de triple B porque ofrece una relación rentabilidad/riesgo interesante", explica.
Además, "los llamados 'bonos patrióticos catalanes', que cotizan en el mercado secundario, han funcionado muy bien los últimos años, a pesar de las tensiones políticas", subraya Casajuana. De hecho, la rentabilidad de estos activos ha acabado por normalizarse: del 5,9% al que cotizaban las emisiones con vencimiento en 2030 que se emitieron a finales de 2017, han pasado alrededor del 3%. Esta experiencia es buena garantía para la Generalitat, redondean las fuentes consultadas.
