Cataluña necesita a España más que nunca para pagar las pensiones

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, cuantificó el déficit de las pensiones catalanas en 4.700 millones de euros durante los siete primeros meses del año, lo que supone el 25% del agujero total en el mismo periodo a escala nacional. Es decir, uno de cada cuatro euros de desvío entre los ingresos (cotizaciones) y los gastos (principalmente, las pensiones) radica en Cataluña.

La ministra, dos semanas antes del referéndum ilegal y sin garantías del 1 de octubre, incidió en que Barcelona “probablemente es la provincia con más déficit en su sistema de la Seguridad Social”. Es decir, Báñez se unió a la retórica generalizada en el Gobierno de poner encima de la mesa la realidad económica y la debilidad del procés en este terreno como principal argumento -junto al legal- de la unidad de España.

Las pensiones suponen un gran hándicap para una hipotética economía catalana independiente, aunque de partida esto sea imposible desde el punto de vista jurídico -e incluso histórico-. A pesar de ello, economistas cercanos al procés o a la Generalitat sostienen que el mercado laboral goza de una mejor salud que el español, lo que permitiría una mayor sostenibilidad de su sistema de pensiones.

Esto es una verdad a medias. El dato de paro es sensiblemente inferior en Cataluña, con un 13,2% en la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre -este jueves se publica la del tercero-, frente al 17,2% del conjunto de la economía. Asimismo, la región es responsable de la creación del 17% (89.200 puestos de trabajo) del empleo generado en España entre abril de 2016 y junio de 2017.

Por cada 100 pensiones por jubilación en Cataluña hay 50 activos menos que en España -340 frente a 390- para pagar con sus impuestos las pensiones actuales de los jubilados

Lo anterior muestra que el problema coyuntural que ha tenido la Seguridad Social con el aumento del paro durante la crisis, que reduce los ingresos y aumenta los gastos (prestaciones por desempleo), es menor que en Cataluña. Pero la región se enfrenta a un desafío estructural aún mayor que el conjunto de la economía: la pirámide demográfica.

Cataluña tiene más pensionistas, tanto por jubilación como por otros reconocimientos, en términos relativos. La ratio de dependencia, entendida como el número de pensiones por jubilación por personas en activo -ocupados y parados- es de 3,4 en Cataluña y de 3,9 en España. Cuanto más baja la cifra, más difícil es la sostenibilidad del sistema. En este caso quiere decir que por cada 100 pensiones por jubilación hay 50 catalanes en activo menos -340 frente a 390- para pagar con sus impuestos las pensiones actuales de los jubilados.

Si para esta relación financiera se consideran únicamente los ocupados, el dato es de 3 en Cataluña y de 3,2 en España. En este caso la brecha es de 20 ocupados menos por cada 100 pensiones por jubilación. Mientras que si se tienen en cuenta todas las pensiones, con un total de 1,7 millones en Cataluña y de 9,5 en todo el país, las ratios bajan a 1,92 y 1,97 respectivamente.

Estas cifras muestran que Cataluña tiene una posición más débil por su estructura demográfica para garantizar las 1.707.634 pensiones que se pagan en la comunidad, según los datos de octubre publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este número ha crecido un 1% respecto al mismo mes del año anterior, y equivale al 17,9% del total de pensiones. Así, si se toman por buenas las estimaciones de Báñez, Cataluña copa apenas el 18% de las pensiones -con un gasto mensual de más de 1.600 millones de euros-, pero alcanza el 25% del déficit.

Sin embargo, las pensiones de los catalanes son mayores que la media, como consecuencia de que los trabajadores tienen vidas laborales más largas y constantes con una renta per cápita superior al promedio. Y, por lo tanto, con más cotizaciones. La pensión media en Cataluña es de 960 euros frente a los 936 euros en España. Si se tiene en cuenta sólo la pensión de jubilación, las medias son de 1.087 y 1.068 euros respectivamente. Otro de los retos del sistema es que las pensiones de los nuevos jubilados son mayores que las existentes y esta realidad eleva la necesidad de gasto.

CÓMO FINANCIAR EL AGUJERO

En este sentido, no hay que olvidar que el sistema es de reparto. Esto quiere decir que los ocupados actuales que cotizan a la Seguridad Social -o por motivos de apoyo social como viudedad y orfandad- adquieren derechos para cobrar una futura pensión. Pero ésta se paga con los ingresos que tiene el sistema en el momento, que provienen de las cotizaciones sociales de trabajadores, empresarios y autónomos. En el caso de una Cataluña independiente, su Seguridad Social debería valorar si respeta los derechos adquiridos por los trabajadores catalanes anteriormente y cómo obtener ingresos suficientes para cumplir con ellos. Aunque la conseller de Trabajo de Cataluña, Dolors Bassa, apuntó recientemente que la Seguridad Social española debería seguir pagando las pensiones de la 'nueva república' por ser un derecho “contractual” de los ciudadanos, esto choca con la esencia del sistema de reparto.

El libro blanco de la independencia de 2014, que cuenta con 137 páginas, le dedica dos a las pensiones sin concretar qué tipo de sistema será

El libro blanco de la independencia de 2014, que cuenta con 137 páginas, le dedica dos a las pensiones. No especifica cómo será el sistema, aunque sí que se garantizarán los derechos adquiridos y que si tiene déficit, se pagará con los recursos de Hacienda, que habría obtenido más ingresos por la independencia. Según las estimaciones de la Generalitat (no especifica en qué se basan), esta ganancia en ingresos anuales es de 11.198 millones de euros entre 2006 y 2011 una vez descontados los gastos de competencias estatales asumidas y los gastos del propio funcionamiento de su Ejecutivo. Además, hace referencia al problema coyuntural de la crisis de menos ingresos y más gastos, que fue menor en Cataluña, pero no al estructural basado en la demografía.

El déficit de la Seguridad Social se ha convertido ya en una constante de la economía española. Y eso que las pensiones sólo se revalorizan al 0,25% anual desde 2013, lo que supone una importante pérdida de poder adquisitivo este año y en el futuro con el retorno de la inflación. Aun así, el Gobierno estimó en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas que el déficit del sistema será del 1,4% en 2018, del 1,1% en 2019 y del 0,5% en 2020. Esto quiere decir que las pensiones se comerán la mitad del déficit público en dos años y todo el desvío presupuestario en tres ejercicios.

Las necesidades financieras de las pensiones serán aún mayores según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima un agujero de 87.000 millones de euros durante los próximos cinco años. El problema de sostenibilidad coincide con el de suficiencia por las revalorizaciones a la baja en términos reales (teniendo en cuenta la inflación). Mientras, el Pacto de Toledo ha cumplido un año de reuniones sin alcanzar recomendaciones comunes, y la crisis catalana no ayuda, que ha retirado el foco en este problema.

Hasta 2017, el Gobierno tiró del Fondo de Reserva, que ha pasado de tener 66.000 millones de euros hasta acabar en apenas 7.000 millones este año cuando tenga que realizar una disposición para la extra de diciembre. Asimismo, la Seguridad Social ha recibido un crédito de 10.192 millones de euros sin intereses. Esto sería más complicado para una futura Cataluña independiente, que lleva desde 2012 sin acudir al mercado y tendrá cerrado el acceso al menos hasta 2019, según Moody’s. La Generalitat es más dependiente que nunca del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que le ha permitido con más de 70.000 millones de euros financiarse más barato con su ‘bono basura’ -al nivel de Nicaragua o Senegal para S&P- que Estados Unidos.