Cataluña enfría el 'otoño caliente' por el que luchan sindicatos y oposición contra el Gobierno

Las quejas de los sindicatos, así como de la mayor parte de la oposición, especialmente PSOE y Unidos Podemos, se centra en el bolsillo de los pensionistas. No en vano, una pensión de 1.000 euros pierde entre enero y septiembre, contando con la extra por medio de junio, un total de 167 euros en poder adquisitivo.

Es decir, baja el poder de compra de los pensionistas porque las pensiones públicas se revalorizan un 0,25% este año. Algo que viene sucediendo desde la reforma que el Gobierno aprobó unilateralmente -lo habitual hasta entonces era desarrollar los cambios en la mesa del Pacto de Toledo- en 2013, que desvincula la actualización de la cuantía del IPC, con un cálculo que depende de la sostenibilidad del sistema.

Hasta ahora, esta desconexión no se había apreciado en el bolsillo. Básicamente, porque durante la crisis apenas hubo inflación. Incluso en algún ejercicio, como en 2016, el IPC promedió ratios negativas. Pero eso cambia este año, con un promedio superior al 2% en los nueve primeros meses del año, lo que está dando quebraderos de cabeza a Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, disipados con el ruido que genera Cataluña y que pone el foco en otros Ministerios.

Báñez se enfrenta a las protestas de los sindicatos por dos vías. Una, la de los salarios, que están casi congelados, a pesar del incremento del 1,4% en los convenios registrados hasta septiembre que afectan únicamente al 40% de los asalariados. En cualquier caso, por debajo del IPC. La segunda queja se produce por las pensiones. Los sindicatos convocaron a principios de verano unas marchas por las pensiones dignas que se iniciaron el 30 de septiembre en diferentes puntos de España y finalizaron ayer en Madrid con una concentración.

“La falta de resultados prácticos hasta la fecha en la Comisión del Pacto de Toledo y la paralización de la Mesa de Diálogo Social -agrupa a patronal, sindicatos y Gobierno- sobre pensiones, que inició su trabajo en enero y lleva seis meses sin ser convocada por el Gobierno, exigen una respuesta ciudadana”, afirma Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO. “Especialmente, es necesario cuando se despliegan los efectos de la reforma de pensiones de 2013, la primera aprobada sin consenso político ni social alguno”, añade.

UGT: los manifestantes comparten el mensaje de “exigir al Gobierno que no se aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones”

Estas son las críticas de los dos sindicatos mayoritarios que han dirigido las movilizaciones de los últimos días. Para Pepe Álvarez, secretario general de UGT, los manifestantes comparten el mensaje de “exigir al Gobierno que no se aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones”, según declaraciones realizadas este lunes y recogidas por Europa Press.

Los sindicatos piden que las pensiones vuelvan a actualizarse con el IPC y un esfuerzo adicional para recuperar el poder adquisitivo perdido hasta ahora. Algo en lo que se debate también en el Pacto de Toledo, ya que es una de las reivindicaciones de Unidos Podemos y PSOE. En el primer caso, el grupo se ha desmarcado de cualquier posible acuerdo al solicitar subidas de las pensiones y la jubilación desde los 61 años. Mientras que la formación de Pedro Sánchez tiene tres líneas rojas: alzas con el IPC, mantener el sistema público y un trasvase de recursos -con los actuales o con algún nuevo impuesto- hacia la Seguridad Social.

Además, el grupo socialista ha registrado una proposición de ley en el Congreso para elevar la cuantía de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años sin derecho a otra pensión pública, ni ingresos por trabajos realizados, ni tampoco rendimientos o rentas superiores a la propia prestación. Se trata de la aplicación de una medida que el PP pospuso cuando llegó a Moncloa pese a haber sido aprobada en el Congreso y en el Senado por unanimidad, según recuerda Europa Press. Precisamente, hay propuestas en el Pacto de Toledo en favor de financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos, algo que el Gobierno no ve con malos ojos pero sí el PSOE.

DIFÍCIL ACUERDO

Es decir, la posición socialista complica que haya un acuerdo común en el Pacto de Toledo, que inició el trabajo desde noviembre sin ninguna conclusión ni atisbo de una reforma integral del sistema, más allá de posibles pequeños acuerdos. El PP sigue enrocado en su reforma de 2013 y, entre medias, la posición de Ciudadanos no está clara: “Nosotros vamos a trabajar para que haya un acuerdo, no para poner líneas rojas”, aseveran en el partido de Albert Rivera.

Sánchez quiere que haya impuestos que financien las pensiones para evitar los recortes en términos reales y atajar el déficit de la Seguridad Social que ha llevado al Fondo de Reserva desde un máximo de 66.815 millones de euros en 2011 hasta verse con apenas 7.000 millones a finales de este año, cuando el Gobierno tendrá que volver a disponer de la hucha para la extra de diciembre. Hasta ahora, el sistema se ha financiado por sí mismo, salvo los complementos a mínimos, aunque el Gobierno ya decidió este año que el Tesoro prestara 10.192 millones de euros sin intereses a la Seguridad Social. Un préstamo que tendrá que devolver en un plazo de diez años a partir de 2018.

Para el próximo ejercicio, el Ejecutivo deberá tomar algún tipo de medida similar. Mientras las posiciones siguen enfrentadas en el Pacto de Toledo, lo cierto es que la amenaza de que el sistema de pensiones tenga un problema de suficiencia cada vez mayor -que no sean suficientes para mantener el nivel de vida de los pensionistas- coincide con el problema de la sostenibilidad. Y este desafío es inmediato, ya que el Gobierno estima que las necesidades del sistema serán de 15.823 millones de euros, con un agujero total de 67.000 millones entre 2018 y 2022, que la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) eleva hasta los 87.000 millones.

El déficit se produce pese al incremento de los ingresos por cotizaciones, que crecen a un ritmo del 3%. Pero también lo hace a este nivel el gasto mensual en pensiones. Aunque la mensualidad sólo crezca al 0,25% interanual, cada vez hay más jubilados y los que se incorporan tienen derecho a pensiones mayores. De hecho, las más altas corresponden a los rangos de edad de entre 60 y 64 años, con una pensión media de 1.179 euros mensuales; de 65 a 69 años, con 1.161 euros; y de 70 a 74 años, con 1.030 euros.

En este contexto, las pensiones elevan su peso en el Producto Interior Bruto (PIB). En los últimos presupuestos generales del Estado (PGE) -los de 2017, porque los de 2018 se han retrasado hasta nuevo aviso por parte del Ministerio de Cristóbal Montoro- alcanzaron los 135.449 millones de euros, el 40,7% de los PGE y más del 11% del PIB.

Esta cuota del gasto en pensiones sobre el PIB está en línea con la media de la Unión Europea, por debajo de países como Francia (más del 14% en 2013, según un estudio reciente de la UE) o de Italia (16%), aunque por encima de otras economías como Alemania (10%) o Reino Unido (7,7%), donde el grueso de las pensiones depende de las aportaciones de los trabajadores a planes de empresa. Lo preocupante para España es la dinámica futura: o se congelan las pensiones o se dispara el gasto, por el envejecimiento de la población, según diversos estudios del Banco de España, Fedea o Inverco.

El ejemplo de Francia es el que gusta tanto entre los sindicatos como en el PSOE, donde establecieron un impuesto especial para financiar las pensiones. “Es un impuesto de solidaridad, pero hay muchas más alternativas”, sostiene Magdalena Valerio, secretaria de Seguridad Social y el Pacto de Toledo de los socialistas. Valerio aboga por que los gastos corrientes de mantenimiento del Ministerio se financien vía presupuestos, como ocurre con el resto de Ministerios, lo que según cálculos de los sindicatos supondría un ahorro anual de 4.000 millones de euros anuales. Una de las pocas cuestiones en las que parece viable un pacto entre partidos. Aun así, sería pasar el agujero de un sitio a otro. Pero el problema del déficit y las dudas sobre la suficiencia de las pensiones sigue enquistado. Y creciendo.