Cataluña amenaza las cuentas públicas de otras seis comunidades autónomas

La crisis catalana pone en riesgo hasta 4.700 millones de euros de recursos disponibles para los ejecutivos regionales. Esto es, se puede echar por tierra la mejoría de 3.700 millones prevista en julio y puede haber incluso una merma de 1.000 millones respecto a la capacidad presupuestaria de 2017, que depende de las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda a través del modelo de financiación autonómica vigente desde 2009 y pendiente de reforma.

En este sentido, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las comunidades pueden pasar de un cumplimiento generalizado del objetivo de déficit del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 hasta un desvío sobre esta meta por parte de casi todas las comunidades. El estudio cuenta con la excepción de Cataluña, para la que no hay veredicto sobre sus cuentas ante la situación extraordinaria que vive con el pulso independentista de la Generalitat y la aplicación posterior del artículo 155 desde el Ejecutivo.

Las que tienen una situación presupuestaria más vulnerable ante un empeoramiento de la crisis catalana que afecte a la capacidad del Gobierno para aprobar nuevos presupuestos o que dañe aún más la actividad económica son Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Además, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Navarra también están en una posición en la que la probabilidad de cumplimiento del objetivo pasa de “factible” a baja en función de la evolución del PIB y de las decisiones políticas.

CATALUÑA PONE EN JAQUE LAS METAS FISCALES

El objetivo para los gobiernos regionales es, por lo tanto, que no sobrepasen un desequilibrio presupuestario del 0,4% del PIB el próximo ejercicio. El objetivo para el Gobierno central es del 0,7%, para la Seguridad Social del 1,1% ante la presión de las pensiones, mientras que para los ayuntamientos es del 0%. De hecho, para los municipios se prevé un superávit que podrá acercar la meta general, que está en el 2,2%.

Aun así, el equipo económico de Moncloa reconoció a Bruselas que la estimación actual es del 2,3%, lo que supondría un desvío de una décima consecuencia con la revisión a la baja del crecimiento esperado para 2018 desde el 2,6% hasta el 2,3% considerando “la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña”.

Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevan la horquilla del déficit hasta el 2,4% y el 2,7%. Esto es, entre 2.200 millones y 5.600 millones de euros de desvío frente al objetivo pactado con Bruselas. En cualquier caso, bajaría del 3%, con lo que serviría para que España salga del Procedimiento del Déficit Excesivo (PDE), evitando el riesgo de multa. Eso sí, afectaría a la capacidad negociadora con la Comisión Europea en el futuro y a la reputación en el mercado, en un momento en el que el Banco Central Europeo (BCE) inicia el giro de su política monetaria que pone a raya el coste de la deuda.

Las comunidades autónomas podrían tener gran parte de culpa de este desajuste si se alejan del 0,4% decidido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para 2018. Este año, Hacienda prevé un desajuste del 0,5%, una décima menos del objetivo. Pero para el próximo ejercicio hay un antes y un después de la crisis política en Cataluña.

La AIReF cree que aún es factible que el conjunto de las regiones cumplan con la meta, aunque hay “importantes incertidumbres que podrían afectar al cumplimiento de dichos objetivos”. En esencia, el modelo de financiación de las comunidades del régimen común -exceptuando País Vasco y Navarra por su foralidad- se basa en su capacidad de recaudación de los impuestos cedidos -50% del IVA e IRPF y 58% de impuestos especiales-. Estas cantidades se ajustan por fondos basados en garantizar los servicios públicos básicos y solidaridad interterritorial.

Una vez hechas estas estimaciones se determinan las entregas a cuenta. En julio se estableció un incremento de 3.700 millones de euros para el próximo año respecto a los recursos que tienen a su disposición en 2017. Pero se calcularon con un crecimiento del 2,6% del PIB, con lo que se si ajustan al 2,3%, la AIReF cree que pasarían a 2.000 millones.

De esta forma, hay un primer impacto estimado en 1.700 millones de euros. Por otro lado, un deterioro de la actividad económica al que puede conducir como advierten las agencias de ‘rating’ la incertidumbre en Cataluña, centrada ahora en las elecciones del 21 de diciembre, alejará los objetivos de déficit. Este se calcula como un cociente entre el agujero fiscal y el PIB. Un menor crecimiento puede reducir la recaudación, con lo que aumentaría el numerador, y mermar la expansión económica, con lo que se reduciría el denominador.

Estas son las posibilidades que contempla el supervisor fiscal que preside José Luis Escrivá. Si se disipa la incertidumbre en Cataluña antes de que acabe el año y se mantienen las entregas a cuenta de julio -aumento de 3.700 millones-, el organismo considera probable que cumplan 13 autonomías, mientras que sería improbable aun así que lo hagan la Comunidad Valenciana y Extremadura y “muy improbable” en el caso de Murcia.

La AIReF cree que la previsión de crecimiento del 2,3% del PIB para 2018 se podría reducir hasta el 1,5% si se enquista el problema catalán. La AIReF calcula para este escenario que es “factible” aún que 13 regiones sean cumplidoras -lo considera a partir del 40% de probabilidad-. No obstante, las opciones caen en picado, especialmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, con descensos de entre nueve y diez puntos en el nivel de probabilidad de cumplimiento hasta el borde del 40%. Es decir, sus saldos presupuestarios son los más afectados por el shock que provoca Cataluña. O, al menos, es donde más cae la probabilidad de alcanzar la meta en función de lo que suceda con la crisis catalana y la negociación de presupuestos.

Las cosas se complican para todos los ejecutivos regionales si hay una actualización de las entregas a cuenta y los recursos crecen en 2.000 millones en vez de en 3.700 millones. Entonces, pasan de tres a siete comunidades las que es “improbable” que cumplan con Montoro. Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra se añaden a Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana. Mientras que en caso de un menor crecimiento del esperado, en entornos del 1,5% del PIB, también se une a este grupo la Comunidad de Madrid. Además, con una expansión más pobre de la economía también corre peligro el cumplimiento con Hacienda de Navarra. Por el otro lado, sólo Canarias, Islas Baleares y La Rioja continuarían con probabilidades superiores al 50%.

EL PEOR ESCENARIO POSIBLE

Aún queda una posibilidad más que contempla el ‘sheriff fiscal’. Se trata de que en 2018 se prolonguen definitivamente los presupuestos de 2017 y el crecimiento se deteriore del 2,3% al 1,5%. Sin una nueva guía presupuestaria, las entregas a cuenta de julio podrían quedar en el olvido y no sólo no habría un aumento sino que descenderían los recursos disponibles en 1.000 millones de euros. Es decir, las comunidades perderían 4.700 millones respecto a la mejoría prevista. Casi todos los ejecutivos autonómicos tienen probabilidades inferiores al 20% de alcanzar las metas fiscales en este escenario. Sólo estarían por encima del 20% País Vasco (48%) y Navarra (31%), a las que no les afecta el resultado del sistema de financiación autonómica del régimen común; Islas Baleares (88%) y Canarias (98%).

Con las cifras en la mano, los gobiernos autonómicos se juegan mucho en Cataluña. En caso de incumplimiento, Hacienda tiene potestad a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera de amonestar a las comunidades incumplidoras y llegar a restringir sus decisiones fiscales si no da después el visto bueno a un plan de ajuste. Además, Moody’s recuerda que la mayoría seguirá dependiendo de Montoro para financiar sus déficits al menos hasta 2019 ante las dificultades para salir al mercado: “La fuerte dependencia de las regiones españolas sobre los mecanismos de financiación del gobierno mantendrá sus costes de financiación bajos, al cero para el Fondo de Facilidad Financiera, el cual atiende a regiones que cumplen con los objetivos de déficit del gobierno central, y alrededor del 0,9% para el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que presta dinero a las regiones que no cumplen”.