La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha llamado este miércoles a CaixaBank y a la banca en general a "actuar con responsabilidad" tras el ERE anunciado por esta entidad para 8.291 trabajadores, y ha afirmado que el Gobierno va a "seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo".
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En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, tras asistir a la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Calviño ha asegurado que, ante los retos a los que se enfrenta el sector, el Gobierno ha "venido instando" desde hace tres años a "buscar y trabajar activamente en alternativas" y "hacer todo lo posible" para evitar los despidos.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha calificado como "inaceptables" los "altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades", y ha asegurado que supone "una preocupación" que el Gobierno ha trasladado durante todo este tipo tanto a las propias entidades como al Banco de España.
"Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas", ha aseverado.
LLAMA A BUSCAR "TODAS LAS ALTERNATIVAS POSIBLES"
Calviño ha reconocido que el sector financiero "se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración" por su "situación de pérdida de rentabilidad", ante "retos" derivados de los bajos tipos de interés, la digitalización o la creciente competencia. Por ello, ha asegurado que durante estos años han venido "advirtiendo" de la necesidad de "adoptar determinadas medidas para cambiar el rumbo de las entidades y del sector en su conjunto" que "minimizasen el impacto negativo sobre el empleo".
"Esa es la línea que vamos a seguir teniendo. Creo que las entidades y el sector financiero en su conjunto debe actuar con responsabilidad y tratar de buscar todas las alternativas posibles", ha instado la vicepresidenta, asegurando que la destrucción de empleo prevista supone "una pérdida de valor y capital humano que simplemente España no puede permitirse".
