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El Congreso de los Diputados ultima los preparativos del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, cuyo calendario fija el día 13 de febrero como la primera votación en sesión plenaria, donde se decidirá si el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez sigue su curso o es tumbado por la oposición. Si consigue superar esa cita, el debate para aprobar el proyecto será un mes después, en la semana del 13 de marzo.

Así, en esa sesión plenaria del 12 y 13 de febrero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá el proyecto debatirá con los grupos que hayan pedido la devolución de las cuentas a través de sus enmiendas de totalidad.

Todas ellas se votan en una única votación, pues piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolver las cuentas al Gobierno. Para superar este trámite y lograr la supervivencia de sus Presupuestos, Sánchez deberá contar con unos apoyos que a día de hoy están más lejos que nunca. El anuncio de ERC de que presentará un veto a los PGE y las declaraciones del PDeCAT, que dan esta semana de plazo a Sánchez para hacerles una oferta que impida que emulen a sus socios independentistas, han enfriado las opciones de que se repita el pacto de la moción de censura a Mariano Rajoy.

En estos momentos, el PP, Ciudadanos y Esquerra Republicana cuentan con respaldo suficiente para poder tumbar en el Congreso el proyecto presupuestario. Los tres grupos suman 175 diputados, a uno de la mayoría absoluta, pero con los socios electorales del PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, los 'noes' llegan a los 178.

Antes de la presentación de las enmiendas de totalidad en las últimas jornadas ha tenido lugar la habitual ronda de comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.

Una vez concluifsd estas comparecencias, que se llevaron a cabo la semana pasada, los grupos tendrán que decidir si buscan devolver las cuentas al Gobierno a través de enmiendas a la totalidad, con un plazo para registrar sus enmiendas hasta las 14 horas del 8 de febrero.

Estas enmiendas, como ya se ha explicado, se debatirán en sesión plenaria la semana próxima y se votarán en una sola votación. Para garantizar la supervivencia de las cuentas, el Gobierno deberá sumar suficientes votos que rechacen las enmiendas a la totalidad. En esta votación el empate le favorece.

PONENCIA HASTA EL 1 DE MARZO, COMISIÓN HASTA EL 8 DE MARZO

De continuar su tramitación, se abrirá entonces un plazo para que los grupos presenten sus enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos, que se extenderá hasta el día 15 de febrero.

A partir de entonces, el proyecto pasaría a discutirse en fase de ponencia, donde los grupos podrán debatir a puerta cerrada las cuentas e introducir las primeras modificaciones. Para ello, el Congreso ha dado un plazo de dos semanas, hasta el día 1 de marzo.

La semana siguiente, el proyecto llegará a la Comisión de Presupuestos, donde ya en abierto se someterán a votación las enmiendas parciales, sección por sección. Este debate en Comisión está previsto que tenga lugar a lo largo de la semana del 4 de marzo, ya que concluirá a más tardar el viernes 8 de marzo.

LOS PGE SE ENVIARÍAN AL SENADO EL 13 DE MARZO

Si consigue superar todas estas fases, el proyecto llegaría al Pleno, que debatirá entre los días 11 y 13 de marzo aquellas enmiendas que hayan sido rechazadas durante las anteriores fases y que aún queden 'vivas'.

En este trámite no habrá una votación conjunta, sino que se irán debatiendo y votando cada una de las distintas partes de la Ley y las cuentas de las distintas secciones presupuestarias, y la no aprobación de las cuentas de un ministerio, sea cual sea, supondrá el derribo de todo el proyecto de Presupuestos. Aquí ya no le vale el empate el Ejecutivo, sino que necesitará sumar más votos a favor que en contra en todas las votaciones determinantes.

En caso de superar las votaciones de las secciones, el Congreso aprobará los Presupuestos de 2019 y los remitirá al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El rechazo de la Cámara Alta podrá ser levantado después por el Pleno Congreso, pero con mayoría absoluta.

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