La Comisión Europea ha recordado este viernes que el plazo para que el Gobierno apruebe la reforma laboral termina el 31 de diciembre, fecha a la que se comprometió el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras llamar a que se cumplan los plazos, Bruselas ha admitido que el calendario pactado es "indicativo".
"Animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto y aprobar la reforma del mercado laboral en el cuarto trimestre de este año, conforme a los compromisos enunciados en la decisión de ejecución del Consejo", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas una de las portavoces comunitarias, Arianna Podestà.
La portavoz ha añadido que de manera general los Estados miembro deben poner en marcha sus planes de recuperación y resiliencia "tal y como han sido aprobados" por el Consejo, lo "que incluye objetivos claros con fechas de calendario".
Los plazos, no obstante, "son indicativos", ha añadido Podestà, sin dejar de recalcar que es "importante" que todos los Estados miembros hagan "todo lo posible" para garantizar la puesta en práctica "en tiempo útil" de las reformas y las inversiones a las que se han comprometido.
"Los Estados miembros pueden decidir cuándo presentan sus solicitudes de pago, pero sólo pueden hacerlo dos veces al año. Animamos a los Estados miembros a hacerlo solamente cuando todas las reformas y los objetivos correspondientes en cada etapa se hayan completado", ha explicado la portavoz.
Finalmente, sobre el caso de España, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que su Gobierno "se ha comprometido a ejecutar un paquete completo de reformas del mercado laboral que deben apoyar la creación de empleo, reducir la segmentación del mercado laboral y poner en equilibrio la necesidad de flexibilidad y seguridad" y que ello es "esencial" que ocurra "conforme a los objetivos y la descripción" recogida en el acuerdo.
El desembolso de 12.000 millones de euros en ayudas del fondo de recuperación para España previsto para mediados de 2022 depende en gran medida de las reformas más importantes del mercado laboral que el Gobierno se ha comprometido a acometer con la Comisión Europea, entre ellas la reducción del número de contratos para atajar la temporalidad o la modernización de la negociación colectiva.
