La Comisión Europea tiene previsto emitir a finales de noviembre su opinión sobre el plan presupuestario remitido por el Gobierno español, probablemente durante la semana que comienza con el lunes día 19, junto con sus dictámenes sobre los borradores enviados por el resto de miembros de la eurozona.
Antes, el jueves 8 de noviembre, el Ejecutivo comunitario presentará sus últimas previsiones macroeconómicas, en las que actualizará sus proyecciones de crecimiento y déficit público del conjunto de la eurozona en general y de cada uno de los socios del euro en particular, según han señalado fuentes comunitarias.
El Gobierno ha informado este lunes sobre los detalles del plan presupuestario, que mantiene la senda de estabilidad planteada y rechazada en julio por el Congreso. En concreto, establece unos objetivos de déficit del 2,7% del PIB para este año y del 1,8% en 2019.
En ambos casos se trata de metas que son cinco décimas superiores a las pactadas entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno de Mariano Rajoy cuando España y Bruselas revisaron por última vez la senda de consolidación fiscal de forma oficial (2,2% para este año y 1,3% el próximo).
El Ejecutivo comunitario da por hecho que España reducirá este año el desvío de las administraciones públicas por debajo del umbral objetivo del 3%, por lo que el foco de la evaluación que realicen sus servicios económicos se centrará en asegurar que España cumple con el esfuerzo estructural pactado entre ambas partes.
La senda de consolidación fiscal actual obliga a España a adoptar ajustes equivalentes al 0,65% del PIB a través de la reducción del gasto, del aumento de la recaudación o de una combinación de ambas políticas. El borrador presupuestario incluye un ajuste estructural del 0,4% utilizando la flexibilidad que permiten las normas europeas (dividir medio punto porcentual del esfuerzo en dos años).
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ya comunicó estos objetivos en julio al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, que todavía no ha dado una respuesta oficial sobre los mismos. El Gobierno, sin embargo, sí que ha asegurado en múltiples ocasiones que cuentan con el respaldo de Bruselas.
El envío de los borradores de sus presupuestarios por parte de todos los socios del euro abre un periodo de evaluación que finalizará a finales de diciembre, cuando Moscovici y el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, presenten en rueda de prensa las opiniones sobre cada uno de ellos.
El Ejecutivo comunitario tiene tres opciones tras este análisis, que son aprobar el plan presupuestario, dictaminar que cumple "en términos generales" con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o rechazar las cuentas y exigir la presentación de un nuevo borrador, algo que no ha sucedido hasta la fecha pero que podría ocurrir este año tras el desafío planteado por el nuevo Gobierno italiano.
Si se da este último escenario, es decir, si Bruselas detecta un "riesgo serio de no cumplimiento" de las reglas fiscales europeas en alguno de los borradores presupuestarios, mandará una carta al Gobierno de turno reclamando aclaraciones. Si las consultas no convencen, la Comisión puede pedir una semana después (quince días desde el envío del plan) un nuevo borrador presupuestario, que las autoridades nacionales deben presentar en un plazo de tres semanas.,
El Ejecutivo puede iniciar este procedimiento de rechazo si existe una ruptura "obvia" de los criterios de déficit y deuda con la ejecución del plan presupuestario o si presentase un riesgo para la estabilidad financiera del Estado miembro involucrado que incluso pueda perjudicar al conjunto de la eurozona.
También puede recurrir a esta opción su el ajuste estructural que se exige está "claramente por debajo" del esfuerzo recomendado, tanto en el caso de países bajo el brazo "preventivo" del Pacto como para aquellos bajo el brazo "correctivo".
