El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha detallado este martes en la Comisión de Reconstrucción del Congreso las recetas del regulador para salir de la crisis que ha provocado la pandemia de coronavirus. Entre otras cosas, ha reclamado al Gobierno una reforma del sistema impositivo para "mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia", una reforma del sistema de pensiones y también un "programa a medio plazo de reducción del déficit y el endeudamiento público", que se van a disparar como consecuencia del Covid-19.
En su discurso, el gobernador ha hablado de la necesidad de acometer una "revisión integral de la eficiencia del sistema impositivo" español, sobre todo porque la fiscalidad de nuestro país cuenta con un "elevado nivel de beneficios fiscales" que hay que "reconsiderar", ya que "estos beneficios, derivados de la presencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, generan pérdidas importantes de recaudación, y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo".
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El BdE aboga por extender los ERTE y mantener las líneas ICO de financiaciónHernández de Cos cree que es necesario "mejorar capacidad recaudatoria y la eficiencia" de los impuestos, y ha señalado que para lograrlo puede ser "útil" hacer una comparación con otros países europeos. Sobre todo, porque la recaudación impositiva en España "es inferior" a la del promedio de la Unión Europea. "En torno al 40% de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA, consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido", ha apuntado el gobernador.
No obstante, también ha destacado que la recaudación derivada del impuesto sobre sociedades y de los impuestos especiales "representa, en ambos casos, en torno a un 30% de la diferencia" con la media europea. Sobre los impuestos especiales, ha destacado el papel de la imposición medioambiental, ya que "la brecha de recaudación entre el promedio de la UE y España es consecuencia de la baja imposición sobre los hidrocarburos y sobre el transporte en nuestro país". También se ha referido al IRPF y las cotizaciones sociales, que a pesar de no contribuir "significativamente" a la brecha recaudatoria, sí que hay que tener en cuenta que "las cotizaciones sociales que recaen sobre los empleadores en España son superiores al promedio europeo".
Por eso ha hablado de la necesidad de acometer una revisión de los impuestos existentes. Aunque no se ha quedado ahí, porque Hernández de Cos ha aprovechado asimismo para pedir prudencia al Gobierno ante las dos nuevas figuras impositivas que quiere implantar: la 'tasa Google' sobre la prestación de servicios digitales, y la 'tasa Tobin' que gravará las transacciones financieras, que se encuentran en tramitación parlamentaria. A juicio del gobernador, la capacidad recaudatoria de estos impuestos se verá "condicionada" por el "grado de coordinación fiscal a escala internacional".
Es decir, considera conveniente "alcanzar un cierto grado de coordinación con el resto de países" para su introducción, si se quiere evitar la "aparición de desventajas competitivas" que tendrían un "impacto negativo sobre la actividad económica desarrollada en nuestro país y, por tanto, sobre los ingresos fiscales". Y es que, ha recordado, no se puede olvidar que "algunas bases imponibles pueden desplazarse con una relativa facilidad entre jurisdicciones", de forma que si las empresas deben pagar aquí una serie de impuestos que no reclaman otros países podrían optar por marcharse.
REFORMAR LAS PENSIONES
Hernández de Cos se ha referido, asimismo, a la necesaria reforma del sistema de pensiones. "El debate que necesariamente se tiene que plantear en este ámbito debería abordar qué nivel de prestaciones debe proveer el sistema público de pensiones y asegurar la movilización de los recursos suficientes para sufragarlas", ha dicho el gobernador del Banco de España. Y dado que la mayor necesidad de recursos puede suponer un "aumento de las cargas soportadas por las generaciones más jóvenes, presentes y futuras", el BdE apuesta por implantar unos "parámetros básicos de equidad intergeneracional".
Noticia relacionada
BdE pide facilitar el teletrabajo pero avisa: afectará a productividad y consumoEntre otras cosas, el regulador apuesta por "reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, siempre asegurando un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados", y también por establecer "mecanismos automáticos de ajuste ayuda a estabilizar el sistema adaptándolo a los cambios demográficos y económicos". Como ha remarcado Hernández de Cos, varios países de la UE, como Alemania, Suecia o Italia, "ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida".
Por último, ha pedido hacer una "reflexión sosegada sobre el papel que deberían desempeñar los mecanismos de ahorro privado complementarios", ya que su desarrollo en España "es muy limitado en comparación con otras economías del norte de Europa" y "podrían ayudar a complementar el instrumento público".
El gobernador ha pedido también que se alarguen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados al Covid-19 en algunos sectores o empresas para evitar ahondar en la crisis económica, ya que cree que "tiene sentido mantener los ERTE y asegurar los mecanismos de flexibilidad para las empresas" en la medida en que algunos efectos adversos de la crisis pudieran extenderse en el tiempo. "Parece apropiado mantener durante un horizonte más amplio que el inicialmente previsto algunas de estas medidas de apoyo al empleo y a las rentas de los hogares más vulnerables", ha señalado Hernández de Cos, tras insistir en que la economía caerá entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre del año.
La magnitud del golpe económico que va a sufrir la economía española es tal que el gobernador ha reclamado al Gobierno un "programa a medio plazo de reducción del déficit y el endeudamiento público". "Es necesario que se acometan reformas de calado", ha dicho Hernández de Cos, que cree que si una vez que los efectos de la crisis se hayan disipado se alcanza una "reducción anual del déficit estructural del 0,5% del PIB hasta alcanzar un saldo público estructural equilibrado", la deuda pública "tendería a reducirse progresivamente" hasta situarse "por debajo del 100% al finales de 2030".