El Banco Central Europeo (BCE) se opone al impuesto a la gran banca que plantea el Gobierno. Concretamente, el organismo radicado en Fráncfort alerta sobre su posible impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito y advierte que los bancos deberán trasladar el coste a sus clientes.
La institución presidida por Christine Lagarde recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario" y que se detalle "el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas", así como sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que "su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos".
Desde el BCE recalcan que esta recomendación cobra especial pertinencia en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre y "ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real".
En este contexto de dificultad económica, la institución cree que debe tenerse en cuenta que las entidades de crédito ya han tenido que registrar "provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético".
Otro de los reclamos del organismo es que haya "una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general".
"NO TRASLADAR EL GRAVAMEN A LOS CLIENTES PUEDE GENERAR INCERTIDUMBRE"
En su dictamen, el BCE también expresa sus dudas sobre el hecho de que la banca no pueda trasladar el coste del impuesto a los clientes. "Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades".
En este sentido, indica que "conviene aclarar que los incrementos de precios aplicables a los clientes debidos a los aumentos de costes distintos del gravamen temporal, tales como gastos de explotación, de financiación y de capital; los aumentos de los costes relacionados con la cobertura de riesgos, y los ajustes de los márgenes comerciales, son todos ellos aumentos legítimos. Por otro lado, el BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales".
De igual modo subraya que debe aclararse qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito, algo, en su opinión, "difícil" de conseguir.
Asimismo, para el BCE no está clara cuál será la función de colaboración del Banco de España a la hora de garantizar el cumplimiento del requisito establecido de no trasladar el importe del gravamen temporal a los clientes y señala que "podría aclararse más", en particular, indicando que no equivale a encomendar ninguna tarea nueva al Banco de España.
