La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmará este lunes con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado, que fija un salario mínimo de 1.071 euros al mes para estos trabajadores, así como los acuerdos adicionales que se alcancen en la reunión de la Mesa de Negociación.
La firma se producirá después de que se reúna previamente la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, según informó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El IV convenio del personal laboral en la Administración del Estado fijará un salario mínimo de 1.071,4 euros mensuales, así como la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial a partir del 1 de enero de 2021, según informó CSIF.
Tras tres años de negociación, el convenio afectará a unos 40.000 trabajadores, que verán incrementado su salario en una media de 30 euros, adicional al aumento retributivo de los dos últimos años. Asimismo, el convenio contempla garantías para que no se produzcan diferencias retributivas entre colectivos hasta el momento equivalentes.
Por su parte, fuentes de UGT señalaron a Europa Press que el convenio único logra disminuir las desigualdades dentro de la Administración General del Estado, y valoraron que, tal y como reclamaba el sindicato, el salario mínimo para el personal laboral subirá a 1.160 euros a finales de 2020, partiendo de la base del anterior acuerdo e incluyendo fondos adicionales.
A su vez, CC.OO. señaló en un comunicado que la mejora de las condiciones salariales "van más allá" del incremento general para empleados públicos, ya que las nuevas tablas salariales "suponen un incremento total del 14% entre 2018 y 2020 para los salarios más bajos".
Además, ambos sindicatos destacan que el convenio contempla la jubilación anticipada parcial para este colectivo, medida que, para CC.OO. y UGT, supone un "antes y un después" en la situación del personal laboral de la AGE, cuya media de edad actual supera los 55 años.
NUEVO SISTEMA DE MOVILIDAD Y CAMBIO DE RÉGIMEN JURÍDICO
El convenio también conlleva un nuevo sistema de movilidad con concursos permanentes de traslados, y el cambio de régimen jurídico de personal laboral a funcionario para trabajadores que realizan funciones administrativas reservadas a estos últimos.
Este cambio de régimen se realizará con garantías para mantener las retribuciones y el ámbito geográfico y CSIF calcula que, en virtud de este proceso, unas 8.000 personas podrán pasar del régimen de personal laboral al de funcionario.
CSIF, que ha calificado el texto de convenio como "bueno" al incluirse cuestiones que consideraba importantes, ha destacado también que habrá una nueva clasificación profesional adaptada al sistema educativo actual.
CC.OO. y UGT, por su parte, han destacado este lunes en un comunicado conjunto que han alcanzado la mayoría de los objetivos que se habían marcado ya en 2015, empezando por las mejoras retributivas que se han incluido en el convenio.
El convenio incorpora además la determinación de las funciones de cada trabajador mediante la especialidad; el compromiso de la Administración de limitar las contrataciones fuera de convenio a aquellas funciones que no existan dentro del mismo; movilidad y excedencias bajo condiciones especiales por conciliación, violencia de género o por ser víctima de terrorismo, y el desbloqueo de la vía judicial para la solicitud de los nuevos complementos.
BOLSA DE HORAS PARA CONCILIAR
También contempla la inclusión de una bolsa de horas de libre disposición para facilitar la conciliación laboral en el marco de la nueva instrucción de jornada y horarios de la Administración General del Estado, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la resolución se establece la bolsa de horas de libre disposición, de hasta un 5% de la jornada anual, que se acordó con los sindicatos para el cuidado y atención de personas mayores, personas con discapacidad, hijos menores y menores sujetos a tutela o acogimiento. Estas horas deberán ser recuperadas en los tres meses siguientes a su uso por parte de los empleados públicos.
Esta bolsa, que de media supone unas 85 horas (casi 11 días), se agota una vez finalice el número de horas solicitado, sin que el hecho de haberlas recuperado suponga la nueva apertura de la bolsa en el año en curso.
La resolución publicada el pasado viernes en el BOE establece que los empleados públicos de la AGE podrán realizar su jornada de trabajo en una parte fija y en otra flexible. La fija será de 9.00 a 14.30 horas y el resto, hasta completar las 37,5 horas semanales, se realizará en horario flexible de 7.00 a 9.00 horas y de 14.30 a 18.00 horas.
El personal con horario de mañana y tarde tendrá una jornada fija de 9.00 a 17 horas, pudiendo completar su jornada en los mismos márgenes que el resto de empleados públicos.
La instrucción, que reemplaza a la de 2012, regula por primera vez la jornada de tarde, que se llevará a cabo de 15.00 a 20030 horas en su parte fija, pudiendo usar los márgenes de 13.00 a 15.00 horas y de 20.30 a 22.00 horas para cumplir con la totalidad de la jornada. Por su parte, la jornada de especial dedicación se mantiene en 40 horas semanales.
En cuanto a los permisos y vacaciones, se mantienen los criterios vigentes: 22 días hábiles de vacaciones, pudiendo llegar hasta 26 para aquellos empleados públicos con 30 o más años de servicio. Por último, en el convenio único se mantienen los 'moscosos', fijados en seis días al año por regla general.