- La consulta sería legítima, pero debe ser aprobada por el Gobierno central
Batea, un pequeño pueblo de Tarragona, se ha situado con luz propia en el mapa informativo español esta semana. Su intención de hacer un referéndum para abandonar Cataluña y pasar a depender de Aragón ha sido de lo más comentado, no sólo por la justificación que su alcalde, Joaquim Paladella, ha dado para proponer esta iniciativa, sino por las consecuencias que una medida de este calado podría tener. Ahora muchos se preguntan si Batea puede o no hacer esta consulta y, lo más importante, si será el primero de una larga lista de municipios que empiecen a reclamar la 'independencia' de Cataluña en caso de que la Generalitat siga adelante con la consulta soberanista anunciada para el próximo 1 de octubre.
Los municipios podrán, previa “autorización del Gobierno de la Nación”, someter a consulta popular “los asuntos que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”
Los 1.967 habitantes de Batea, municipio ubicado en la frontera con Aragón, pueden tener en sus manos una importante decisión. Paladella ha anunciado el mencionado referéndum para cambiar de comunidad y anexionarse a Aragón, y todo ello pese a asegurar que el pueblo se siente catalán. Entonces, ¿por qué esa consulta? Tal y como ha dicho el regidor, la razón es muy simple: se han cansado del ninguneo de la Generalitat. El alcalde asegura que Batea lleva años sufriendo “discriminaciones” de tipo económico, aunque también ha reconocido que si le garantizan que tendrá “las mismas posibilidades” que otras zonas de Cataluña, detendrá el proceso.
De momento, Paladella, que está al frente de la alcaldía de Batea desde 1991, ha anunciado que se encuentra a la espera de reunirse tanto con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como con responsables de la subdelegación del Gobierno en Tarragona para enterarse de los trámites que tendrá que poner en marcha para llevar a cabo el cambio de comunidad. Una posibilidad que, de hecho, está prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En concreto, en su capítulo cuarto, sobre información y participación ciudadanas, es donde se habla de la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre temas de “especial relevancia”.
En el artículo 71 se explica que, de conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, siempre que ésta tenga competencias atribuidas para ello, los alcaldes, “previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación”, podrán someter a consulta popular “aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos” con una única excepción: los temas relativos a la hacienda local. Es decir, que Batea sólo necesita la autorización del Ejecutivo de Mariano Rajoy para llevar a cabo una consulta como la planteada, y preguntar así a sus habitantes si quieren o no dejar de depender de Cataluña y pasar a estar bajo el paraguas de Aragón.
UNA CONSULTA LEGÍTIMA
Según Luis de la Vega Rivoir, abogado de Legálitas, el referéndum que plantea Batea “es legítimo”, y en caso de recibir una mayoría de apoyos por parte de los habitantes del municipio, deberá aprobarse también en el Pleno del Ayuntamiento y, después, pasar dos pruebas más: primero, deberá presentarse al Consejo Consultivo de la CCAA a la que pertenece, es decir, Cataluña, para que se pronuncie sobre el mismo, aunque su decisión no es vinculante; y segundo, presentar una instancia en las Cortes Generales, ya que el órgano que tiene competencias para autorizar el cambio que pide el pueblo es el Congreso de los Diputados.
“Se necesita una mayoría absoluta, ya que debe aprobarse por medio de una ley orgánica”, explica el letrado, que recuerda además que Batea debe explicar y razonar muy bien los motivos por los que solicita tal cambio. Precisamente esto aparece recogido en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. En su artículo 52 especifica que sólo por medio de una ley de las Cortes Generales “podrá modificarse la denominación o capitalidad de una provincia”, y afirma que “cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica”.
Además, la Constitución española también incide en este asunto. En concreto, señala en su artículo 81 que “la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”. También en la Carta Magna se habla, en el artículo 137, de que los municipios, al igual que las provincias y las CCAA, tienen “autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, mientras que el artículo 141 especifica que “cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica”.
El alcalde de Batea dice que el pueblo se siente catalán “como el que más”, pero está harto del “ninguneo” de la Generalitat
“Es parecido, aunque no igual, a una posible modificación de la Constitución, tiene que estar justificado”, remarca De la Vega Rivoir. De momento, la única justificación del alcalde de Batea es que se sienten ninguneados económicamente, porque ni siquiera tienen un sentimiento de pertenencia a Aragón. Paladella ha reconocido que históricamente las relaciones de Batea con la región vecina han sido constantes y habituales, pero ha insistido en varias ocasiones desde que saltase la noticia en que el pueblo se siente catalán “como el que más”.
Ni el Gobierno central, ni la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ni tampoco la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ni la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCA) han querido pronunciarse sobre este asunto. Lo cierto es que el Estatuto de Autonomía de Aragón incluye un artículo que posibilita la anexión de municipios adscritos a otras comunidades, algo para lo que sólo haría falta el visto bueno de las Cortes de Aragón y la posterior ratificación en el Congreso y el Senado, además de una consulta que muestre un compromiso claro del municipio que desea ingresar en la región, que es el que quiere llevar a cabo Batea.
¿PODRÁ CELEBRARSE EL REFERÉNDUM DE BATEA?
Lo que no está claro es si el Gobierno central permitirá el referéndum de Batea, sobre todo dada la escalada de tensión que ha provocado la consulta independentista de Cataluña. Puigdemont y el resto del Ejecutivo catalán están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, y hasta tal punto ha llegado su 'órdago' al Ejecutivo de Rajoy que este viernes ha anunciado una medida sin precedentes: ha amenazado con retirar a la región del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si destina dinero al referéndum independentista.
El conflicto entre el Gobierno central y Cataluña por el referéndum independentista crece día a día
En concreto, el Gobierno de Rajoy va a exigir una relación semanal de los gastos que demuestre que no se está destinando dinero a la votación para seguir inyectando dinero en Cataluña, tal y como confirmó el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. Si el Estado no recibe tal documentación, o si considera que parte de los fondos se destinan al referéndum del 1-O, cerrará el grifo.
Ahora está por ver cuál es la reacción de la Generalitat ante tal decisión, aunque tanto Puigdemont como otros miembros del Ejecutivo catalán han repetido en más de una ocasión que su intención es llegar hasta el final con la consulta, pase lo que pase. La cuestión monetaria puede ser clave en este asunto, como lo es en el caso de Batea, cuyas reclamaciones son económicas. Precisamente, 'los dineros' siempre han sido motivo de disputa, y es que sólo hay que recordar que en la provincia de Lleida ha habido, durante años, varios movimientos para reclamar un cambio de adscripción territorial por parte de algunos municipios, y detrás de estas peticiones siempre había una queja por la falta de inversiones.
