Los grupos políticos que debaten sobre la nueva ley hipotecaria en el Congreso han decidido endurecer las condiciones en las que un banco puede ejecutar una hipoteca. A partir de la entrada en vigor de esta norma, las entidades deberán esperar a que el impago de la hipoteca llegue a doce meses durante la primera mitad del préstamo o a quince en la segunda para poder ejecutar una hipoteca, que es el paso previo a un posible desahucio. El acuerdo se ha adoptado con el respaldo de la mayoría de grupos y solo Unidos Podemos ha optado por mantener viva su propuesta de establecer este límite en el 10% del capital concedido, según informa Europa Press.
El proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economía Luis de Guindos en noviembre de 2017 diferenciaba el vencimiento anticipado de un contrato en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un préstamo. Si las cuotas vencidas y no satisfechas se producían en la primera se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2% del capital concedido o el equivalente a nueve meses de impago. El acuerdo del Congreso fija ahora estos límites en el 3% del capital concedido o doce meses de impago.
Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a doce meses. La nueva ley establecerá que el impago tendrá que suponer el 7% o 15 meses, según el acuerdo al que los grupos han llegado durante la ponencia de esta ley celebrada este martes.
Por otro lado, los grupos han acordado rebajar los intereses de demora planteados en la ley hipotecaria, ya que si en el proyecto se fijaban en el triple del interés legal del dinero, ahora se quedan en el interés remuneratorio más tres puntos. Otros de los acuerdos, según han informado a Europa Press fuentes socialistas, pasan por establecer el carácter permanente del código de buenas prácticas ya vigente y la eliminación expresa de las cláusulas suelo en una hipoteca.
No se han cerrado cambios referidos a un posible código sancionador, como proponía Unidos Podemos, ni a las titulizaciones. En estos cambios de titularidad, el grupo confederal reclamaba que se llevaran al Registro, asumiendo este gasto, para que los consumidores pudieran conocer quién había asumido su hipoteca y por qué coste.
Durante la ponencia de este martes, los grupos han avanzado hasta prácticamente completar todo el articulado de la ley, si bien esperan celebrar una nueva reunión de ponencia, prevista para el 23 de noviembre.
Si fuera la última reunión, los grupos votarían las enmiendas que quedaran vivas en comisión el 4 de diciembre y votarían la remisión al Senado del texto acordado en el primer Pleno de ese mes. Para la Cámara Alta, el Gobierno ha solicitado la tramitación de la norma por vía de urgencia, lo que acorta a la mitad los plazos establecidos.
