El Banco de España avisa de que revisará a la baja la previsión del PIB para 2022, después de que la economía española registrara un crecimiento en el primer trimestre del año menor de los previsto. El organismo ya recortó a principios de abril sus previsiones, estimando entonces un crecimiento del 4,5% para el presente ejercicio.
Así se detalla en el último Informe Anual del Banco de España, presentado por su gobernador, Pablo Hernández de Cos. En él se explica que los efectos directos de la guerra sobre España (a través del comercio exterior con Rusia y Ucrania) son modestos, pero los indirectos serán, previsiblemente, significativos.
Por ejemplo, el repunte de los precios (especialmente de las materias primas), que ya incidió muy negativamente sobre el crecimiento del PIB español en 2021, será más acusado y persistente de lo previsto antes del estallido de la guerra. Y lo mismo sucede con los cuellos de botella en las cadenas globales de producción y de suministros, que lastraron sensiblemente el dinamismo de la actividad económica española en 2021 y que podrían mantenerse durante más tiempo del que se esperaba hace unos meses.
Los canales por los que se materializará este impacto incluyen un encarecimiento adicional de las materias primas, un deterioro de la confianza de hogares y empresas, un menor comercio mundial (en parte, porque se han reforzado las distorsiones en las cadenas globales de valor) y un adelanto del tensionamiento monetario.
"Todo ello, en una coyuntura extraordinariamente incierta". En las proyecciones más recientes del Banco de España, publicadas el pasado mes de abril, se revisó a la baja el crecimiento del PIB y al alza la inflación, especialmente en 2022. "La información conocida después de la publicación de estas proyecciones, que incluye un crecimiento del PIB en el primer trimestre menor del previsto, apuntaría, en ausencia de perturbaciones adicionales, a una nueva revisión a la baja en la tasa de crecimiento del PIB esperada para el conjunto de este año", señala el organismo.
En particular, en el primer trimestre de 2022, el PIB creció un 0,3% intertrimestral, lo que supuso una desaceleración de la actividad mucho más intensa que la estimada por el Banco de España, del 0,9%.
Por el lado de los precios, los nuevos datos apuntan, en comparación con las proyecciones realizadas en abril, a avances mayores del componente no energético y a un crecimiento algo más modesto del componente energético. Además, el organismo subraya que, en los próximos meses, el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar la electricidad, que ha sido recientemente aprobado en España y Portugal, de acuerdo con la Comisión Europea, previsiblemente presionará a la baja los precios de la energía en nuestro país.
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS HAN DE ADAPTARSE A LA COYUNTURA ACTUAL
El Banco de España también hace referencia en su Informe Anual a las políticas económicas, que según su punto de vista seguirán desempeñando un papel clave en la evolución de la actividad a corto plazo, aunque cree que han de adaptarse a la coyuntura actual.
El organismo menciona que, desde el comienzo de la pandemia, las políticas económicas han supuesto un gran apoyo para la actividad, tanto en España como a escala global. En nuestro país, destaca el papel que han desempeñado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las líneas de avales del ICO.
"Antes del estallido del conflicto bélico en Ucrania, la recuperación económica en curso y el fuerte repunte de la inflación ya habían propiciado el inicio de un cierto proceso de normalización de algunas de estas medidas expansivas, en particular, en el ámbito de la política monetaria y de la política fiscal". Ahora, "la guerra ha creado nuevas necesidades en el ámbito fiscal y, a través de mayores presiones inflacionistas, ha impulsado el proceso de normalización de la política monetaria de los principales bancos centrales mundiales".
En España, "la política fiscal debe ayudar a reducir los efectos económicos adversos de la guerra, que vuelven a ser muy heterogéneos entre sectores, empresas y familias, pero, dado que los márgenes de actuación fiscal son relativamente limitados, ha de focalizarse en los colectivos más vulnerables y tener un carácter temporal", opina el Banco de España, que añade que "más allá de la respuesta de la política fiscal, un pacto de rentas entre los agentes sociales de nuestro país contribuiría a evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y costes, que solo agravaría los efectos nocivos que se derivan del episodio inflacionista actual y del conflicto bélico en Ucrania".
En el caso concreto de los ERTE, un estudio del Banco de España pone de manifiesto que la probabilidad de reincorporación al empleo es mayor para un trabajador en ERTE que para un desempleado. Pero esta diferencia se va diluyendo a medida que aumenta la duración del ERTE, especialmente para los trabajadores más jóvenes, los que tienen un contrato temporal y los que poseen un menor nivel de estudios.
Por su parte, el programa de ayudas directas solo habría mitigado parcialmente el deterioro de solvencia de las pymes españolas. De acuerdo con un estudio del Banco de España, a pesar de que la dotación de fondos de este programa era suficiente para cubrir la totalidad del déficit de capital de las pymes, el porcentaje de este tipo de empresas con una posición deficitaria de capital tras la crisis apenas se habría reducido después de las ayudas.
RIESGO DE LA MATERIALIZACIÓN DE EFECTOS INDIRECTOS Y DE SEGUNDA VUELTA SOBRE LA INFLACIÓN
El Banco de España cree que pueden darse dos tipos de efectos. Unos, los indirectos, por los cuales el encarecimiento de los costes energéticos termina trasladándose al precio de otros bienes y servicios, pues las empresas tratan de mantener sus márgenes. Otros, los de segunda vuelta, por los cuales un repunte en la inflación lleva a mayores subidas salariales (a su vez, se trasladan a los precios de los productos), porque los trabajadores tratan de evitar una pérdida de poder adquisitivo.
Eso sí, el organismo asegura que, por el momento, no se han materializado de forma acusada. Como detalla, distintas fuentes indican que, desde comienzos de 2021, las empresas habrían trasladado solo de forma muy parcial los aumentos de sus costes a los precios finales de sus productos. Ello habría dado lugar a una cierta disminución de los márgenes empresariales. Además, la información relativa a la evolución de la negociación colectiva en nuestro país evidencia que los aumentos salariales pactados están claramente por debajo de las tasas de inflación observadas, lo que se traduce una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
¿Por qué es un riesgo la materialización de estos efectos? Por un lado, cuanto mayor sea la persistencia del episodio inflacionista actual, mayor será la probabilidad de que estos efectos indirectos y de segunda vuelta puedan llegar a materializarse de forma significativa. Por otro lado, si se produjera un proceso de realimentación entre crecimientos de precios y salarios, la persistencia del episodio inflacionista actual sería mayor y también su coste económico, en forma de retrocesos más acusados en la competitividad internacional, en los niveles de actividad y empleo, y en la renta nacional.
PACTO DE RENTAS
El pacto de rentas sería una forma de mitigar este riesgo, según el Banco de España, ya que, a través de este pacto, empresas y trabajadores acordarían compartir la inevitable merma de renta para la economía nacional que implica el aumento de los precios de las importaciones de materias primas.
¿Qué características debería tener este pacto de rentas? En primer lugar, se ha de atender al impacto asimétrico de las perturbaciones actuales entre trabajadores, empresas y sectores. Esto es, debe evitarse el adoptar medidas excesivamente uniformes, que resultarían demasiado rígidas para algunos segmentos de agentes. En segundo lugar, sería deseable que se evitaran fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia.
En tercer lugar, el Banco de España considera que sería conveniente contemplar compromisos plurianuales tanto en lo relativo a los incrementos salariales donde las referencias nominales de la negociación deberían estar inspiradas en la evolución prevista de la inflación subyacente como a la protección del empleo. Por último, cree que estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales.
