El Banco de España advierte de que las estimaciones de los ingresos públicos recogidas en los Presupuestos se encuentran sujetas a riesgos a la baja "significativos", con "mucha incertidumbre" respecto a la capacidad recaudatoria de los nuevos impuestos ('tasa Google' y 'tasa Tobin'), si bien rebaja del 2,4% a en torno al 2% su previsión de déficit para este año tras incorporar los impactos de las medidas de gastos e ingresos.
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Así lo ha señalado Hernández de Cos durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de de ley de las nuevas cuentas públicas, en el que cree que hay riesgos a la baja "significativos" respecto al crecimiento de los ingresos tributarios y por cotizaciones sociales del 8,2% estimado por el Gobierno en el proyecto de Presupuestos.
Hernández de Cos ha cuestionado la estimación de ingresos tributarios porque, según ha explicado, la mayor recaudación del nuevo SII del IVA no se traslada a las magnitudes de Contabilidad Nacional, ya que los aumentos que contiene el Proyecto de PGE no afectan a la recaudación de caja ni al déficit de las AAPP.
Además, considera que las previsiones del Proyecto de PGE parecen incorporar unas elasticidades superiores a las medias históricas. De hecho, de acuerdo con sus cálculos, la recaudación agregada por impuestos compartidos y cotizaciones sociales efectivas aumentaría un 5,6% en 2019, frente al incremento previsto del proyecto de PGE del 6,9%, en ambos casos corrigiendo por el efecto del SII.
La principal fuente de esta discrepancia se centra en la diferente previsión para las cotizaciones sociales, según el Banco de España, que cita como otro "foco de riesgo" sobre la previsión de ingresos el relativo al hecho de que la estimación de los impactos recaudatorios de las nuevas figuras tributarias está sujeta a un "elevado grado de incertidumbre", dada la ausencia de referencias históricas sobre el funcionamiento de las mismas. También ve un riesgo adicional en el potencial retraso de la entrada en vigor de las nuevas cuentas.
ESPAÑA SALE DEL DÉFICIT
En cualquier caso, tras añadir los impactos de las medidas de ingresos y gastos del Proyecto de PGE no incorporados en sus estimaciones de septiembre, rebaja del 2,4% al entorno del 2% su previsión de déficit para este año, lo que supone siete décimas más que el objetivo oficial fijado para este año.
De esta forma, España saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde el año 2009, al reducir su déficit por debajo del 3%.
No obstante, ha advertido de que un menor impacto recaudatorio de las nuevas figuras tributarias frente al oficialmente estimado, un retraso en la entrada en vigor de las medidas impositivas incluidas en los PGE o una potencial materialización de los riesgos a la baja de las perspectivas de crecimiento de la economía elevarían al alza esta proyección del déficit, mientras que una respuesta más dinámica de los ingresos impositivos a las bases macroeconómicas que la estimada históricamente o una contención del gasto discrecional repercutirían a favor.
En cuanto al tono de la política fiscal en 2019, ha apuntado que será de nuevo neutral, con lo que el nivel del déficit estructural se situaría en torno al 2,5% del PIB, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, un valor similar al de los últimos cinco años y superior al de 2013-2014, lo que indica que "prácticamente toda la reducción observada desde 2013 en el déficit público se habría debido al efecto del ciclo económico".
"RESISTENCIA SIGNIFICATIVA" DE LA ECONOMÍA, PERO CON RIESGOS
A nivel macroeconómico, ha destacado que la economía española continuará en 2019 inmersa en la fase expansiva iniciada hace ya seis años, aunque registrando una nueva moderación de su ritmo de crecimiento desde 2,5% estimado para 2018 hasta el 2,2% a cierre del ejercicio actual, la misma estimación que en septiembre.
Según Hernández de Cos, la desaceleración responde en gran medida al contexto internacional más débil, derivado de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dudas sobre el Brexit y el endurecimiento de las condiciones financieras globales.
Pese a todo, ha valorado que la economía española ha mostrado en los últimos trimestres una "resistencia significativa", desacelerándose en menor medida que la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Entre otros factores, a esto habría contribuido el impulso sobre las rentas de los hogares derivado de la entrada en vigor, en la segunda mitad del año pasado, de algunas medidas incluidas en los PGE para 2018.
En cuanto al paro, apunta que la creación de paro se ralentizará este año, en parte por el menos avance de la actividad pero también como consecuencia del aumento en más de un 22% del Salario Mínimo.
Las proyecciones del Banco de España muestran que el crecimiento del numero de ocupados se situará en torno al1,6% anual este año, tres décimas menos que la estimación de septiembre, lo que permitirá reducciones adicionales de la tasa de paro hasta el entorno del 14%.
El gobernador del Banco de España ha avisado de que la economía mundial se encuentra ya en una fase más avanzada del ciclo, y la economía española "no es inmune a los desarrollos internacionales, especialmente a los de la UE, especialmente cuando persisten en España "elevados niveles de endeudamiento exterior y público".
Por ello, ha defendido que no deben retrasarse los esfuerzos para seguir mejorando la posición presupuestaria de las administraciones públicas y para introducir una "ambiciosa" agenda de reformas estructurales que permitan apuntalar la confianza de los distintos agentes de la economía y aumentar el potencial de crecimiento.
Por último, sobre las pensiones ha señala que los presupuestos del año pasado y los de 2019 han supuesto una relajación de la puesta en marcha de los mecanismos de las reformas de 2011 y 2013, con el retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y, sobre todo, la vuelta a un sistema de revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC.
La reintroducción permanente de este sistema de indexación generaría, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, un incremento adicional del gasto superior a 3 puntos porcentuales del PIB en 2050.
En consecuencia, cree que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones requerirá medidas adicionales por el lado de los ingresos o el de los gastos del sistema, o de ambos.
